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El Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, que lidera el conseller Josep Huguet, ha expuesto los requisitos que deberán cumplir las universidades catalanas -las públicas y las privadas que se acojan a sus criterios- para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado proceso de Bolonia, cuya fecha límite de ejecución es el curso 2010-2011. Entre otras condiciones, las futuras titulaciones deberán tener un mínimo de treinta alumnos de nuevo acceso, exigir el conocimiento de una tercera lengua, preferentemente el inglés, y ofrecer un período de prácticas externas que en ningún caso podrán superar los sesenta créditos.

La comisionada para Universidades, Blanca Palmada, presentó, en una reunión del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), los veinte criterios que deberán cumplir las futuras enseñanzas de grado. Palmada los expuso a los vicerrectores de ordenación académica de las universidades, y el próximo 16 de octubre volverán a ser debatidos en el seno del CIC, esta vez con la presencia de los rectores.

Será ésta una cita en la que a buen seguro aflorarán discrepancias. La vicerrectora de ordenación académica de la UAB, Dolors Riba, ya se ha lamentado de que hay "lagunas" en el documento que les dio Palmada y ha reclamado "más autonomía" para los centros.

Entre el listado de exigencias a las universidades, destaca que sólo se autorizará las propuestas de nuevas titulaciones que cuenten con una "demanda social suficiente", es decir, que tengan un número de estudiantes de nuevo acceso (de primer curso) que ronde los ochenta y, en todo caso, nunca por debajo de treinta. Con todo, se permitirá, "en casos especiales que se tendrán que justificar expresamente", que las nuevas titulaciones puedan tener menos de 30 alumnos (una excepción que evita amenazar la supervivencia de carreras como Filología catalana).

Asimismo, los centros deberán tener los mecanismos necesarios que les permitan una revisión de las titulaciones si se produjeran cambios significativos en la demanda social o de los estudiantes, contemplando, incluso, la posibilidad de eliminar alguna carrera.

Por otra parte, Palmada ha ofrecido a las universidades la posibilidad de realizar pruebas de catalán y castellano a los estudiantes extranjeros que quieren acceder a estos centros, para garantizar un "adecuado conocimiento" de las dos lenguas por parte de estos alumnos. El problema de esta medida, cuya implantación debatirán ahora las universidades, es que puede ser de un legalidad dudosa, pues podría entrar en conflicto con la política europea que prevé la libre circulación de alumnos de todo el territorio universitario de la Unión Europea.