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Cuando las fiestas de Navidad son ya sólo un recuerdo en forma de embalajes de cartón en los contenedores, Cataluña se sumerge desde hoy en una normalidad del todo atípica. El próximo lunes el Gobierno disuelve las Cortes, abriéndose ya de forma nítida una precampaña electoral -campaña de facto- en la que, socavones de la economía al margen, la puntualidad de los trenes de Cercanías y en parte también la posible llegada del AVE pueden hacer decantar un resultado en Cataluña que se adivina decisivo para definir la foto final.

Si los problemas en la red ferroviaria han marcado el tono del final de la legislatura, en los dos meses que faltan hasta los comicios todo indica que sucederá otro tanto, más aún si vuelven a repetirse problemas como los del pasado jueves y viernes, cuando dos averías pusieron de nuevo la red en coma. Con un ciudadano que oscila entre la resignación y el cabreo, ningún analista se atreve a aventurar qué impacto podría tener a dos semanas de las elecciones, o incluso a dos días, un caos como el del viernes, o más allá, una suspensión total del servicio como la del 20 de octubre en Bellvitge (L"Hospitalet). Como en ninguna otra ocasión, imponderables como la rotura de una catenaria -puro azar, en terminología del Adif- pueden decidir la suerte política en España.

Aunque los sondeos señalan un alto grado de descontento político, por el momento no parece que el PSC esté notando en exceso los efectos de la crisis ferroviaria sobre sus expectativas, sí acaso cierto grado de apatía entre el electorado de izquierdas y una mayor agitación en el de derechas. Con Rodríguez Zapatero necesitado de un buen resultado en Cataluña para revalidar triunfo el 9-M, el Gobierno, pese a haber disuelto ya las Cortes, se volcará en esta comunidad durante las próximas semanas.

Así, por ejemplo, y cruzando los dedos para que las Cercanías no arruinen la foto, todo parece indicar que el Ejecutivo echará el resto para intentar llevar el AVE a la estación de Sants antes de los comicios, y así lo dio vino a confirmar ayer en Madrid el presidente del Gobierno. Obviamente, dijo que no se haría una inauguración al uso -en campaña la Junta Electoral tampoco se lo permitiría-, pero sí que los trenes entrarían en funcionamiento "cuando estén listos". Esto, a día que pasa, parece más posible conseguirlo antes de los comicios a tenor del avanzado estado de los trabajos en su último tramo hasta Barcelona. No será una fiesta como la que se pretendía para el 21 de diciembre, pero sí que sería un simbólico empujón a las expectativas socialistas el 9-M.

En paralelo, el Gobierno se guarda otro as en la manga, y mañana constituirá la subcomisión que se encargará de elaborar una propuesta para el llamado Plan Cataluña de Infraestructuras 2007-2013. Se trata del documento maestro en el que el Estado, de acuerdo con la Generalitat, listará los proyectos en que gastará la millonaria inyección que deriva de la disposición adicional tercera del Estatut, que obliga al Gobierno a invertir en infraestructuras en Cataluña el equivalente a su aportación al PIB, un 18 por ciento.

Sólo en los presupuestos de 2008 esta cifra es de 4.271 millones -contando 250 específicos para Cercanías y AVE-, y se estima que en estos siete años en los que el sistema de cálculo estará vigente, el monto total puede llegar a ser de 34.000 millones. Con esta cantidad en perspectiva, el listado de proyectos, aunque sólo sea un esbozo, que el Gobierno puede enseñar a modo de señuelo electoral es demasiado goloso como para no intentar sacarle rédito.

Dos días después de empezar a dibujar el Plan Cataluña, Gobierno y Generalitat se sentarán por cuarta y última vez en esta legislatura para negociar traspasos. La reunión de la Bilateral -pospuesta en diversas ocasiones por la falta de acuerdo en las materias a abordar- fue anunciada por sorpresa por el Gobierno antes de acabar el año, y abordará asuntos como las competencias de Inmigración o de Inspección de Trabajo.

El anunciado, y no consumado, traspaso de Cercanías también está en la agenda, aunque es aún materia muy verde. Su complejidad, y el hecho de que el Govern lo condicione a un compromiso de inversiones para poner la red al día -materia en todo caso a abordar en el Plan Cataluña antes citado- hacen que antes del 9-M no haya perspectivas realistas de avanzar de manera sustancial en este campo. Con la que está cayendo, más que discutir sobre cuestiones de titularidad, PSOE y PSC se conforman con que Cercanías no vuelva a "petar" antes de las elecciones.