Noticias Ya.com

Además de a los responsables de la central, la organización ecologista Greenpeace también culpa al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la fuga de partículas radiactivas ocurrida el pasado noviembre en Ascó I (Tarragona) y de la gestión de las consecuencias de este incidente. Por todo ello, ha pedido a la Fiscalía de Tarragona que investiga la fuga que también analice la actuación del CSN, al que acusan de mentir y "ocultar información". Ayer, en una rueda de prensa en Barcelona, la entidad ecologista explicó sus motivos para acusar al CSN.

Responsables de Greenpeace cuestionaron la fiabilidad de las revisiones realizadas a las personas potencialmente afectadas por el escape de Ascó I -trabajadores, y visitantes como los escolares de Girona-, y acusaron al CSN de querer "dar carpetazo" al accidente sin investigar a fondo.

La organización ecologista, en boca de su portavoz Carlos Bravo, denunció que las mediciones de contaminación radiactiva en personas se efectuaron tarde -ya que se hicieron abril, cuando la fuga fue en noviembre- y, quizás, mal.

Seguimiento epidemiológico En este sentido, el investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC en Barcelona, Eduard Rodríguez-Farré, que participó en la rueda de prensa, recomendó que se realicen nuevos estudios más fidedignos y que se incluya en las revisiones a los habitantes de Ascó.

Este experto explicó que no saben el método ni criterio utilizado para medir la presencia de radiactividad, en este caso de partículas de cobalto-60, en los afectados, y señaló que el CSN podría haber utilizado como referencia el límite permitido para los trabajadores de la central, "que es mucho más alto que el de la población en general". Asimismo, advirtió de que las partículas radiactivas tardan pocos días en ser eliminadas, excretadas, por el cuerpo humano -aunque sus efectos persisten-, por lo que una máquina mal calibrada no las detectaría.

Ante este panorama, Greenpeace pide que se haga un inventario de las partículas radiactivas detectadas, un mapa de su localización, ya que seguramente ya habrán viajado por el agua o el aire a otras comunidades, y un seguimiento epidemiológico de los afectados. Además, se plantean pedir al Ministerio de Educación que no permita las visitas de escolares a las centrales.

La Generalitat a "remolque" La entidad ecologista denunció otras más irregularidades en el caso Ascó. Su portavoz Carlos Bravo llegó a asegurar que el ex jefe del servicio de protección radiológica sigue trabajando en la central pese a haber sido cesado por los responsables de la nuclear.

Por otra parte, los ecologistas cuestionaron la versión oficial de la causa de la fuga -que se produjo cuando un operario vertía un bidón con agua radiactiva-, y censuraron el papel de la Generalitat en este asunto. Según Greenpeace, el Govern "va a remolque del CSN" en esta polémica y aseguran que el presidente Montilla les admitió que se enteró de la fuga cuando trascendió en los medios de comunicación.