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El presidente de la Generalitat, José Montilla, intentó zanjar ayer las aspiraciones republicanas de convertir la Ley de consultas populares en la vía para un futuro referendo sobre la independencia de Cataluña, y dejó bien claro durante la reunión del Consejo Ejecutivo que el texto se limitará a permitir "consultas populares sobre competencias de la Generalitat", tal y como después señaló la consejera de Trabajo, la socialista Mar Serna, en la comparecencia posterior a la reunión del Gobierno catalán.

La llamada al orden del presidente catalán llegaba una semana después de que el propio Ejecutivo aprobara la Memoria de la Ley de consultas populares presentada por el republicano Jordi Ausàs -quien recientemente sustituyó al dirigente de ERC Joan Puigcercós al frente de la Consejería de Gobernación-. El propio Ausàs avanzó el lunes el contenido de esta memoria sin ocultar que el texto supone para los republicanos "un primer paso" hacia un futuro referendo sobre la independencia de Cataluña, que el presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, sitúa en el año 2014. Una hipótesis a la que ayer Montilla quería dar una "respuesta contundente".

La polémica coincide, además, con la presentación del libro del líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat "2014. Que hable el pueblo catalán" en el que se especula con la consecución de la independencia en esa fecha especialmente simbólica para el soberanismo. En el libro Carod juzga posible conseguir una "mayoría social suficiente" para proclamar la independencia en 2014.

Lo cierto es que el Plan de Gobierno del tripartito recoge la reivindicación de la ley de consultas populares, impuesta en su momento por ERC, que también fue la responsable, con el apoyo de CiU, de introducir este punto en el nuevo Estatuto de Autonomía. Pero tanto el Estatuto como el Plan de Gobierno dejan claro que el texto debe limitarse a consultas populares dentro del ámbito competencial de la Generalitat y siempre sometidas a la aprobación del Gobierno español.

Amparado en el Estatuto, el tripartito encargará al Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB) el articulado de la Ley con el objetivo de aprobar el texto antes de verano, para que inicie su trámite parlamentario el próximo curso. Ausàs aseguró el lunes que la voluntad del tripartito es la de hacer una ley "impecablemente constitucional". Eso sí, dejó claro que también servirá "para impulsar el derecho a decidir" en Cataluña.

La memoria aprobada propone además que la futura ley establezca que entre 150.000 y 200.000 personas puedan pedir un referendo, además del Gobierno y del Parlamento catalanes.