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La Iglesia católica catalana teme que la ley de centros de culto sea retroactiva
09:24:29 - 10/02/2008VMT -La Iglesia catalana exige un trato acorde con su relevancia
El proyecto de ley sobre centros de culto o de reunión con fines religiosos, aprobado por el Govern el pasado noviembre y que el pasado miércoles inició su tramitación en el Parlament tras no prosperar sendas enmiendas a la totalidad de CiU y PP, sigue despertando rechazo en la jerarquía católica catalana. No convencieron las palabras que pronunció en el hemiciclo el vicepresidente Josep Lluís Carod Rovira, quien defendió las supuestas virtudes de una normativa, pionera en Europa, que pretende unificar los criterios para la concesión de licencias municipales para nuevos centros de culto, tras los problemas suscitados en varias localidades por la apertura de mezquitas.
Todo ello, sin hacer distinción entre las distintas confesiones religiosas, algo que no agrada a los sectores católicos. Desde CiU y PP, se ha criticado este proyecto de ley, pendiente de concretarse con un reglamento. Entre otros aspectos que censuran, ambos partidos coinciden en denunciar que atenta contra la autonomía local, pues obliga a los Ayuntamientos a reservar suelo público para estos centros. Y critican que utiliza el urbanismo como treta para regular los centros de culto y un derecho, el de la libertad religiosa, que ya protegen normas de mayor rango.
Desde el PP, asimismo, su diputada Àngels Olano se considera que en su "espíritu" la nueva normativa infringe y cuestiona a Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 y el Concordato entre España y el Vaticano. Por ello, Olano no descartó que su partido recurra la futura ley ante el Constitucional. Pero más allá de las formaciones políticas, la propia jerarquía católica censura esta ley, de entrada, por querer tratar a todos por igual al amparo de la tan cacareada laicidad. A una confesión como la católica, mayoritaria en Cataluña, y a la musulmana, por ejemplo, que tiene 250.000 fieles en Cataluña, por ejemplo.
"Probablemente siempre será inadecuado regular con una misma legislación centros de culto y de reunión muy diferenciados según las confesiones religiosas y con una presencia en la sociedad catalana tan asimétrica", señala el secretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense y obispo de Urgell, Joan-Enric Vives. Entre otras críticas a la futura normativa, compartidas también por otras voces, Monseñor Vives lamenta que el proyecto de ley "no deja claro que no tendrá efectos retroactivos hacia los centros ya en activo, estén o no catalogados como bienes patrimoniales".
El proyecto de ley establece que los nuevos lugares de culto deberán obtener dos licencias otorgadas por los municipios: una de urbanística y una de actividades de uso que regula las condiciones técnicas de seguridad e higiene de los centros. Según precisa la ley, las citadas licencias serán requeridas para los locales nuevos, no los existentes, ni aquellos incluidos en el inventario del Patrimonio Cultural, como iglesias y catedrales catalogadas, etc., que se rigen por otra ley.
Sin embargo, como ya advirtió la diputada del PP Àngels Olano, quien defendió la enmienda a la totalidad que presentó su partido, la norma abre una puerta a que tenga efectos sobre los centros ya existentes, que sea retroactiva, puesto que señala que siempre que un local de culto que dispone de licencia de actividad realice una obra mayor en su sede que requiera licencia urbanística, "deberá solicitar de nuevo la licencia de actividad". Al margen de los recelos por su posible carácter retroactivo -que Carod negó-, la norma tampoco gusta a la Iglesia católica catalana porque, entre otros motivos, según señala Monseñor Vives, "deja demasiada discrecionalidad a la administración cuando habla de un reglamento posterior que lo regulará más en concreto".
El obispo de Urgell, finalmente, señala, a modo de resumen, que "lo que queremos es que los centros de culto y de reunión de la Iglesia católica no queden a merced de una licencia municipal del color político de cada Ayuntamiento, sino que se valore que son cooperadores para el bien de los ciudadanos, y que en lugar de trabas al ejercicio de lo que son derechos fundamentales de los ciudadanos católicos, se nos ayude para poder cumplir las propias finalidades religiosas".
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