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Tres días después de que el Consejo General del Poder Judicial destapara el colapso de sentencias penales pendientes o en trámite de ejecución , con un ránking que encabeza Cataluña, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC), Maria Eugenia Alegret, presentó la memoria judicial de 2007. Este año, pues, el previsible panorama pesimista que pintó ya le vino esbozado por el CGPJ, y se resume con un dato general: el 73 por ciento de los órganos judiciales de Cataluña estén sobrecargados de trabajo a cifras de 2007, un 1 por ciento más que en 2006.

Alegret reclamó más recursos. Sobre todo en personal -porque hay mucho de interino-, pero también técnicos -como un sistema informático que conecte a los juzgados-, para afrontar una demanda que crece, en parte, por reformas legislativas como las relativas a la violencia de género o a los delitos de tráfico. "No discutimos las decisiones del legislador, pero pedimos vayan acompañadas de la dotación presupuestaria para hacerles frente", afirmó Alegret. De momento, sus plegarias no son atendidas, como lo demuestra que hayan solicitado 88 nuevas plazas judiciales para 2008 y sólo 21 de previstas.

"La Justicia debe ser una prioridad política, porque hasta ahora no ha sido así, y ahora es el momento de implantar mejoras que llevan treinta años que se espera", exclamó Alegret. "Es necesario un consenso político para hacer las reformas, sacar de la lucha partidista los órganos de gobierno, y atender el clamor social que reclama una mejor Justicia", abundó; y advirtió, a propósito del "caso Mari Luz", de que "si no tenemos los medios no se nos puede responsabilizar de determinadas disfunciones". Según colige la memoria del TSJC, la Oficina Judicial es el "principal problema" de la justicia catalana, sobre todo en materia de personal, por lo que Alegret reclamó el traspaso de estas competencias a las comunidades, "porque la ejercerán de forma más eficaz".

La presidenta del TSJC lamentó que la media de trabajadores interinos por juzgado sea del 37 por ciento. Además, explicó que en la mayoría de los casos, los interinos "no tienen la formación ni experiencia para resolver con agilidad" las tramitaciones. Colapso en lo Penal Entre 2003 y 2006, el Gobierno no convocó oposiciones para cubrir las necesidades de los juzgados, y cuando lo hizo, ofertó un número insuficiente de plazas. Se calcula que hasta el 2009 no se dispondrá de las 1.146 plazas previstas. Pese a estas dificultades, durante el 2007 se consiguió resolver casi el mismo número de expedientes que se ingresaron. Se ingresaron en los órganos judiciales catalanes 1.250.177 asuntos (un 3,3 por ciento más que en 2006) y se resolvieron 1.246.700 (un 5 por cientomás).

En cuanto a las sentencias penales pendientes o en trámite de ejecución que hay en Cataluña -56.871-, Alegret quiso precisar que "no quiere decir que estén paradas o en un cajón", y que son de muchos tipos, desde multas a retiradas de carné o indemnizaciones. No obstante reconoció que un porcentaje "mínimo", que no cifró, son sentencias cuya tramitación ni tan siquiera ha comenzado a incoarse. En todo caso, resaltó que la situación más grave, en proporción a los medios disponibles, no se produce en Barcelona sino en ciudades como Vilanova i la Geltrú (con 4.000 pendientes), Terrassa o Sabadell.