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La Generalitat ya se ha pronunciado. El déficit fiscal de Cataluña ascendió a 13.832 millones de euros de media entre 2002 y 2005, una cantidad que equivale al 9 por ciento del PIB catalán. Así lo estima un informe encargado el pasado mes de abril por el Departamento de Economía a una comisión de trece expertos. Habrá que esperar para cotejar sus cálculos con las cifras que prepara el gobierno central.

Según destacó ayer durante la presentación del informe el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, el déficit catalán es "excesivo" y desmiente "a quienes dicen que Cataluña es insolidaria". Para Castells, reclamar un modelo "justo" no significa ir en contra de la solidaridad. El consejero quiso desvincular no obstante la presentación de estos datos del debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. También restó importancia a que la Generalitat desvele sus propios cálculos sólo una semana antes de la fecha comprometida por José Luis Rodríguez Zapatero, el 15 de julio, para publicar las balanzas fiscales. Una reivindicación clásica de los nacionalistas.

Los artífices del informe han utilizado dos metodologías para calcular el déficit fiscal: el flujo monetario, que calibra el impacto económico del sector público sobre un determinado territorio; y el flujo de beneficio, que permite medir la incidencia de la actuación del sector público sobre el bienestar de los ciudadanos. De acuerdo este último, el déficit fiscal se rebaja a 10.206 millones de euros, un 6,6 por ciento del PIB. Dicho de otro modo: bajo la perspectiva del flujo monetario, del total de ingresos que los catalanes aportaron a la Administración General del Estado, el 32,8 por ciento no regresaron a Cataluña. Con la del flujo de beneficio, el porcentaje se reduce al 24,5 por ciento.

Durante la rueda de prensa, Castells defendió la validez de ambos sistemas de cálculo y consideró "muy poco fructífera" la confrontación entre uno y otro "al que algunos se prestan». Es de prever que los datos del Gobierno central tampoco coincidan con los manejados por la Generalitat, debido entre otros factores a la complejidad de la medición.

Aunque el estudio debía incluir también la balanza correspondiente al año 2006, no fue posible ya que la Intervención General del Estado no facilitó los datos, que no estaban aún territorializados. Este informe, realizado en base a los datos proporcionados a la Generalitat por la Intervención General del Estado, es en realidad una actualización del elaborado en febrero del 2005, donde se estimaba el déficit fiscal entre 1986 y 2001.

Las cifras presentadas ayer muestran una evolución al alza del déficit fiscal en los últimos años, con un claro repunte en el 2005, el último analizado. En el 2002, el déficit se situó en 12.674 millones de euros, el 9,2 por ciento del PIB catalán, según la perspectiva del flujo monetario. En 2003, la cifra se redujo a 12.471 millones, el 8, por ciento del PIB, un peso que mantuvo al año siguiente, con 13.448 millones. No obstante, en el 2005, último año analizado, el déficit experimentó un aumento significativo y se situó en un 9,8% del PIB. Según afirma la catedrática de Hacienda Pública Núria Bosch, que ha dirigido al grupo de expertos que elaboró el informe, esto se debe a la coyuntura económica. Mientras que el Estado incrementó notablemente sus ingresos, el gasto se mantuvo estable.

Bosch también apuntó que en los próximos años se supone que el déficit fiscal de Cataluña bajará al aplicarse la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, que prevé un incremento de las inversiones del Estado en Cataluña. Algo en lo que coincidió Castells, quien recordó que esta tendencia no se refleja en los datos del 2005. El consejero de Economía advirtió que estas cifras serán las de "referencia" para el gobierno catalán, aunque no serán las únicas que tenga en cuenta a afrontar las negociaciones del nuevo modelo de financiación, que deberían cerrarse antes del próximo 9 de agosto.

Las reacciones a estos datos no se hicieron esperar y tomaron el tradicional tono victimista. Desde la oposición, CiU aconsejó a Castells que "no desperdicie la oportunidad" y haga valer estos datos para "asegurar un buen modelo de financiación para Cataluña". Según el portavoz de CiU en el Parlamento autonómico, Oriol Pujol, el sistema que se pacte debería suponer un extra de 5.200 millones de euros para Cataluña. De "sencillamente, escandaloso", tildó por su parte el secretario general de ERC, Joan Ridao al déficit fiscal. Para Ridao, las cifras que se divulgaron ayer "explican muchas cosas», como la situación de las infraestructuras o la saturación de sanidad y educación. Hasta ICV apremió al gobierno a resolver el nuevo modelo de financiación autonómico. La portavoz de ICV, Dolors Camats, indicó que los cálculos "hacen más evidente que nunca" la necesidad. En un contexto de crisis económica, añadió Camats, la Generalitat está obligada a "hacer frente a más gasto social». Preguntado acerca del tema, Castells se limitó a señalar que los contactos son "frecuentes", aunque no hay ninguna cumbre fijada. Según admitió, la situación "es compleja" y el acuerdo no está de momento próximo a llegar.