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La exigencia de José Montilla de incrementar la financiación catalana no ha ido acompañada de esa contención del gasto de la que hizo bandera en su día el Gobierno tripartito. Y, hoy por hoy, uno de los "sacos sin fondo" de la Generalitat es la gestión patrimonial, donde el volumen de oficinas en alquiler supera a las de propiedad. El caso más llamativo, que el tripartito heredó del Gobierno de CiU, es el denominado "Palau de Mar", sede de la Consejería de Acción Social y Ciudadanía que ocupa una superficie de 14.075 metros cuadrados junto al puerto y por la que la Generalitat pagará este año cinco millones de euros.

Según la memoria de arrendamientos y compras de inmuebles incluida en los Presupuestos para 2008, la Generalitat gastará este año más de 112 millones de euros en el alquiler de inmuebles y oficinas dispersas en el territorio catalán. Sólo el arrendamiento de las tres sedes de Acción Social, Política Territorial y Relaciones Institucionales supera ya los diez millones de euros. Y es que una buena parte de estas dependencias se sitúan en los distritos del Ensanche y el Casco Antiguo, es decir, en pleno corazón de Barcelona y en algunas de las arterias más exclusivas de la ciudad, como la Avenida Diagonal, el Paseo de Gracia o la Rambla de Cataluña. Asimismo, el suelo ocupado acostumbra a estar calificado como residencial o terciario, y no como equipamientos.

El País Vasco y Galicia han solucionado estos problemas de dispersión con la creación de una "ciudad gubernamental" donde se concentran los edificios de la administración autonómica, lo cual comporta no sólo ahorro, sino una mayor eficiencia. La semana pasada, el PP propuso en el Parlamento catalán emular este modelo, pero los partidos que forman el tripartito -PSC, ERC e ICV- votaron en contra. Se da la circunstancia de que, en noviembre del año pasado, el ex consejero de Gobernación, el republicano Joan Puigcercós, también propuso agrupar todos los departamentos de la Generalitat y las sedes de las empresas públicas en un solo edificio, a semejanza del complejo Lakua de Vitoria, donde el Gobierno vasco tiene emplazada la mayoría de sus departamentos. "La concentración favorecería la reducción de costes con el consiguiente ahorro del alquiler de oficinas, de desplazamientos entre dependencias y de servicios de vigilancias", sugiere la diputada Carina Mejías.

Actualmente, los gastos de mensajería de la Generalitat superan los 4,3 millones de euros, según explica el Ejecutivo catalán en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PP. Asimismo, los costes de la contratación a empresas de seguridad alcanzan anualmente los 29,1 millones de euros. Por razones obvias, Justicia es uno de los departamentos que más dinero invierte en seguridad, unos 8 millones de euros, mientras que el alquiler de sedes, juzgados y centros penitenciarios cuesta al año unos 53 millones de euros. Está previsto que estas cifras se reduzcan en el futuro, pues la Generalitat prevé que, a principios de 2009, se inaugure la llamada "ciudad judicial", donde se centralizarán los órganos judiciales de Barcelona y L"Hospitalet, con el consiguiente ahorro en desplazamientos, mensajería y seguridad. Un modelo, el de "ciudad judicial", que de momento el Gobierno catalán no acaba de hacer extensivo a todas sus sedes administrativas.

Cuando el tripartito asumió las riendas de la Generalitat, se marcó como uno de sus objetivos prioritarios una nueva política patrimonial basada en la concentración de los edificios administrativos y una reducción de los gastos. La Consejería de Economía, encargada de gestionar los inmuebles que pertenecen a la Generalitat, quiere reducir a la mitad la superficie de alquiler de forma que, en 2021, se obtendría un ahorro de 9,8 millones de euros.