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El PP ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de fosas comunes que el próximo día 18 será sometida a votación en el Pleno del Parlament. Con esta iniciativa, aprobada por el Govern el pasado 25 de marzo y pionera en España, se regula la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El proyecto prevé la posibilidad de abrir una fosa a petición de los familiares de los desaparecidos o de una institución sin ánimo de lucro dedicada a la recuperación de la memoria histórica. Según indica el texto presentado por el Govern, el objetivo de la ley es "la localización e identificación de las personas desparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista para reconocer su dignidad, hacer efectivos los derechos de sus familiares a obtener información sobre su destino y, si se cree oportuno, recuperar los restos". Precisamente hace una semana, un equipo de investigadores emprendió los trabajos de exhumación de una fosa en Gurb (Barcelona), a modo de prueba piloto que servirán para fijar el protocolo de futuras actuaciones.

Se calcula que en Cataluña hay 179 fosas comunes en las que hay enterrados unos 9.000 desparecidos. La mayoría están situadas en las provincias de Lleida y Tarragona, cerca de los ríos Noguera Pallaresa, Segre y Ebro. El coste de cada exhumación, que asume el Govern, asciende a unos 60.000 euros. Hasta ahora, la Generalitat ha identificado a unas 300 personas. Esta legislación forma parte de la política de recuperación de la memoria histórica que aplica la Conselleria de Relaciones Institucionales de la Generalitat, dirigida por el ecosocialista Joan Saura, en base al artículo 54 del Estatut, dedicado a la memoria histórica gracias al empeño de ICV.

La enmienda del PP será defendida por el diputado, Rafael López, quien considera que con el proyecto "no se abren fosas, sino que se reabren heridas". López acusa a Saura de querer hacer una división entre "catalanes buenos y malos", en alusión a las reflexiones efectuadas en su día por el conseller en las que aseguraba que todas las víctimas del conflicto bélico no pueden tratarse de forma igual. "No queremos un Govern que piense más en el pasado que en el presente y que rompa el espíritu de una transición que fue ejemplar", dijo. El diputado afirma, asimismo, que la iniciativa de la Generalitat invade competencias estatales.

CiU no tiene intención de frenar la tramitación parlamentaria de la ley, pero sí presentará enmiendas parciales cuando el proyecto se debata en comisión parlamentaria.