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Celebrado por segunda vez el juicio contra los dos independentistas catalanes que el pasado mes de septiembre quemaron una foto de los Reyes, la nueva sentencia llega exactamente a la misma conclusión que la anterior: Jaume Roura y Enric Stern cometieron un delito de injurias contra la Corona que debe ser castigado con una pena de quince meses de prisión. Tal y como solicitó el fiscal en el juicio y a la vista de que ninguno de los condenados tenía antecedentes penales, el juez ha sustituido la privación de libertad por una multa de 2.700 euros para cada uno de ellos, a razón de 3 euros diarios durante 30 meses.

El juicio hubo de repetirse para que Roura y Stern pudieran expresarse en catalán. Pero de poco les sirvió, salvo para satisfacer sus exigencias lingüísticas, pues el resultado ha sido el mismo. Reconocidos los hechos por los dos independentistas catalanes y validada en el plenario la identificación que de ambos realizaron los Mossos d"Esquadra, al juez no le quedó más que calificar los hechos.

La quema de una fotografía de los Reyes, que fue colocada boca abajo, es un delito de injurias contra la Corona. Este acto, que se llevó a cabo con total premeditación (Roura y Stern acudieron a una concentración antimonárquica en Gerona con la foto, líquido inflamable, una antorcha y con el rostro cubierto), "sobrepasa" los límites de la libertad de expresión para convertirse en un hecho delictivo, dice la sentencia.

La resolución recuerda que los derechos no son "absolutos ni ilimitados" y que, en este caso, se ha producido un "abuso" de la libertad de expresión. "Es obvio -explica el juez José Luis de Castro- que para manifestar el rechazo a la Monarquía no es necesario menospreciar y vilipendiar a Sus Majestades los Reyes quemando su fotografía tras haberla colocado deliberadamente boca abajo".

Lo anterior queda demostrado con otro hecho: "Mientras los acusados se manifiestan pacíficamente y sin armas, coreando gritos antimonárquicos y portando pancartas con expresiones en el mismo sentido, se les respeta el ejercicio del derecho a la libertad de expresión sin la mínima injerencia del poder público". La denuncia de la Fiscalía sólo tuvo lugar al cometerse el delito.