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Una vez más, el rodillo del tripartito impidió que doce consellers comparecieran en el Parlament para dar explicaciones sobre la adjucación "a dedo" de informes técnicos a personas ajenas a la Generalitat. Con el argumento de que estos contratos ya están siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de que el propio presidente José Montilla ya abordó este asunto en la sesión de control celebrada en el Parlament, PSC, ERC e ICV votaron en contra de la propuesta de comparecencia del PP, extensiva al ex conseller de Gobernación Joan Puigcercós y al secretario general de Presidencia. Una actitud que la portavoz parlamentaria del PP, Carina Mejías, calificó de "obstruccionista".

Los populares formularon la petición de comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales celebrada en la Cámara catalana, donde los nacionalistas secundaron la iniciativa con la que el PP pretendía esclarecer el motivo por el que la Generalitat gastó el año pasado 31 millones de euros en 1.583 informes externos que podrían haber realizado perfectamente los funcionarios.

Parte de esos estudios fueron asignados a personas afines al tripartito, como por ejemplo asesores, ex diputados y antiguos cargos de la Generalitat. El PP sospecha también de la vacuidad de algunos informes, pues en el listado facilitado por la Conselleria de Relaciones Institucionales, figuran títulos tan peculiares como "Estudio, factores y manejo del cultivo de la chufa" o "Seguimiento de la concha brillante".

Mejías denunció la "falta de transparencia" que, en su opinión, demuestra el tripartito al "esconder a los consellers" y "obstruir la labor de la oposición". La dirigente popular calificó la adjudicación de los informes como "uno de los escándalos más importantes de la legislatura". Y pese a la decisión de CiU de apoyar el requerimiento del PP, Mejías reprochó a los nacionalistas que no hayan respaldado la creación de una comisión de investigación en el Parlament, también solicitada por su partido.

Por parte del PSC, el diputado David Pérez justificó el voto de su partido en la existencia de una investigación por parte del ministerio fiscal, tras la denuncia presentada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias -este colectivo cree que la Generalitat podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos-. Asimismo, el portavoz de ICV en el Parlament, Jaume Bosch, recordó que tanto el presidente José Montilla como el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, también se refirieron a este asunto en el Pleno del Parlament. Se sabe que el primero instó a los miembros de su equipo de gobierno a contener el gasto en ese tipo de contratación, mientras que el segundo anunció que la Generalitat encargará una auditoría. Bosch reprochó a la oposición que haga "demagogia" con esta cuestión y aseguró que, en la próxima sesión plenaria, el tripartito dará nuevas explicaciones durante el debate de una moción presentada por CiU.

Los nacionalistas proponen en su moción una sesión informativa "con carácter urgente" en la que el Govern rinda cuentas sobre la contratación de ese tipo de estudios. Asimismo, sugiere que el Parlament inste a la Generalitat a realizar, en el plazo máximo de dos meses, una auditoría económica y de gestión de los estudios encargados a personas externas a la administración. Esa auditoría dictaminaría sobre la conveniencia de esa contratación. CiU quiere también que se apruebe una normativa específica para regular esas adjudicaciones y que el Govern entregue trimestralmente al Parlament todos los estudios.