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El "segundo violador del Eixample", Alejandro Martínez Singul, cumplirá finalmente en España la pena de un año de prisión que le fue impuesta en Francia por un delito sexual de exhibicionismo. Al tratarse de un ciudadano español se acogió a la posibilidad de no ser extraditado al país vecino, y así se lo hizo constar en su comparecencia al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, según informaron fuentes jurídicas.

Martínez Singul, detenido el lunes, pasó a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, que estaba de guardia, al pesar sobre él una orden de busca y captura dictada por las autoridades francesas. El arrestado negó ante Garzón los hechos por los que se le enjuició en ausencia en Perpiñán (Francia), consistentes en exhibirse desnudo a las puertas de un colegio.

El pederasta, que ya cumplió 16 años de los 65 años a los que había sido condenado en 1992 por quince delitos, entre violaciones, agresiones sexuales y cuatro intentos de agresión sexual frustrados, a menores, dijo al magistrado temer por su integridad física en prisión y pidió protección especial, apuntaron las mismas fuentes. De este modo, el instructor remitió un oficio a Instituciones Penitenciarias para que garanticen la seguridad del agresor, que también fue visto por un forense al quejarse de problemas de salud.

Los Mossos detuvieron a Singul el lunes en Cardedeu (Barcelona), en virtud de una orden europea emitida por la Fiscalía de Perpiñán, después de que fuera juzgado en ausencia por dicho delito sexual. Esta autoría pudo establecerse gracias a la colaboración de la Fiscalía Superior de Cataluña, que había ordenado a los Mossos que controlaran de forma puntual sus actividades. Tras salir en libertad en mayo de 2007 sin estar rehabilitado, se estableció en el sur de Francia, aunque regresó poco después. Por su parte, la consejera de Justicia del Ejecutivo catalán, Montserrat Tura, manifestó que el nuevo caso de reincidencia de Martínez Singul evidencia la necesidad de modificar la ley para controlar a los excarcelados por delitos de un alto riesgo de reincidencia, a través de la denominada "vigilancia de conducta".