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El ex conseller de Trabajo Ignasi Farreras (UDC) calificó hoy, ejerciendo su derecho a la última palabra, de "erosión política" su imputación en el 'caso Treball', por el presunto desvío de fondos públicos mediante informes fraudulentos subvencionados por su departamento entre 1994 y 1995, cuando gobernaba CiU.

Entendió que su enjuiciamiento y el del ex secretario general Josep Maria Servitje (UDC) responde a "una operación con intencionalidad de erosión política de la que no culpo ni mucho menos a la Justicia, pero sólo hay que ver las partes acusadoras que, salvo el fiscal, son todas instituciones o personas políticas".

Farreras volvió a reiterar su inocencia, aseguró tener su conciencia "muy tranquila" y pidió una "sentencia justa" al tribunal. "Pido que tengan la clarividencia de hacer un veredicto justo estoy seguro que se producirá, pero lógicamente debería lamentar que esta declaración de inocencia no llegue inmediatamente", concluyó muy emocionado.

Servitje aseguró, como también lo hizo Farreras, que ninguno de los dos incriminó al ex alto cargo de la conselleria Juan Martín Toribio, ya fallecido, como el responsable de encargar los ocho informes fraudulentos.

Además, se sintió "muy dolido" porque, al preguntarle si él era quien falsificaba los informes, lo compararon con Joan Cogul, ex alto cargo de UDC ya fallecido que fue imputado por el 'caso Turisme'. "Y que quede claro que soy inocente", sentenció.

Tras el turno a la última palabra de Farreras, Servitje y el dueño de las empresas adjudicatarias de los informes, Víctor Manuel Lorenzo Acuña, el juicio por el 'caso Treball' quedó visto para sentencia.

La Fiscalía ratificó ayer su petición de cinco años y medio de prisión y una multa de 103.000 euros por prevaricación, desvío de fondos y falsedad documental para Farreras y Servitje, tres años y medio para Acuña.

En cambio, la abogada de la Generalitat --personada como acusación particular, en tanto que afectada directa-- retiró los cargos de fraude y de negociación prohibida a funcionarios, y rebajó su petición de seis años de prisión a un año y nueve meses para los ex responsables de Trabajo, y a un año y un mes para Acuña. También tuvo en cuenta que los tres consignaron el dinero defraudado.