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La Generalitat se mantiene en sus trece e incluirá el alquiler forzoso de pisos vacíos en la Ley de Derecho a la Vivienda, pese a las objeciones planteadas por el Consell Consultiu, que cuestionó la constitucionalidad de la medida. Los tres grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno catalán -PSC, ERC e ICV- presentarán cuatro enmiendas para corregir ligeramente el articulado, de forma que la ley incorporará una serie de criterios que servirán para determinar "las áreas de fuerte o acreditada demanda" de pisos de alquiler, en las que se podrá forzar la salida al mercado de las viviendas desocupadas.

Estos criterios deberán especificarse en los planes municipales de vivienda de cada localidad y giran en torno al número de personas inscritas que solicitan el acceso a una vivienda de protección oficial, el número de viviendas disponibles en el municipio, el suelo urbanizable, la densidad demográfica y el precio medio del alquiler en cada municipio. Según explicó ayer el portavoz de ERC, Joan Ridao, en las enmiendas también se precisa que sólo tras haber "agotado" todas las medidas de fomento del alquiler por parte de las administraciones y sólo "tras poner a disposición del propietario todas las medidas para que pueda" incorporar su vivienda al mercado de alquiler, se podrá declarar "el incumplimiento de la función social de ese piso vacío con un expediente administrativo contradictorio".

Una vez adoptada esta decisión, el propietario también puede presentar alegaciones y, pasados dos años desde que se haya incoado el expediente, la administración podrá sacar al mercado de alquiler la vivienda por un máximo de cinco años. Ridao aseguró que los requisitos son tantos y tan complicados que, en la práctica, será muy difícil sacar al mercado estas viviendas. Sin embargo, la administración catalana tendrá capacidad legal para hacerlo. El portavoz republicano consideró que, con los nuevos criterios introducidos, el texto "satisface las observaciones del Consell Consultiu", organismo encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes catalanas, que declaró inconstitucional el artículo 42.6 de la normativa sobre vivienda que prepara la Generalitat, que prevé el alquiler forzoso. El Consultiu alegó falta de concreción en la metodología para adoptar esa medida, lo que podría desembocar en cierta "discrecionalidad" en su aplicación.Estas cuatro enmiendas entrarán hoy mismo en el registro del Parlament, de forma que la Ley de Derecho a la Vivienda podría ser aprobada por la Cámara en el pleno de la próxima semana.

La portavoz del PP en el Parlament, Carina Mejías, avanzó ayer mismo el voto contrario de su grupo a esta ley, ya que no se ha suprimido el artículo relativo al alquiler forzoso, tal como reclamaban los populares. El PP ya anunció que no aceptaría modificaciones al texto y sólo votaría a favor de la ley si se eliminaba esta medida. No sólo eso. El PP estudia la posibilidad de llevar la ley al Tribunal Constitucional al considerar que "está viciada de inconstitucionalidad porque vulnera el derecho a la propiedad privada". El PP llevará también al Consell Consultiu el proyecto de ley de Contratos de Cultivo. Los populares, igual que CiU, sostienen que la medida que incorpora el derecho de tanteo y retracto de la Generalitat sobre fincas rústicas "también vulnera el derecho constitucional de la propiedad".