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El Consejo de Trabajo reclama personal para la dependencia
12:19:22 - 14/05/2008VMT -La cartera, a su juicio, debería también concretar la cuantía, al menos durante 2008, de las prestaciones de carácter económico
El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña, organismo consultivo de la Generalitat, considera que los profesionales previstos por el Govern para la atención a la dependencia son insuficientes, y le aconseja que garantice un número adecuado teniendo en cuenta las necesidades futuras. Es una de las recomendaciones que el Consejo plasma en un dictamen firmado sobre el Proyecto de decreto de la cartera de servicios sociales que ha elaborado la Conselleria de Acción Social y Ciudadanía, dirigida por Carme Capdevila.
Esta cartera, prevista en la Ley de Servicios Sociales de Cataluña y que fijará las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos, podría ser aprobada por el Govern antes del verano. En su informe -que no es vinculante y que se ha emitido con las aportaciones de los diferentes agentes sociales-, el Consejo asegura que el proyecto de cartera no define suficientemente los perfiles de los profesionales del sector y no garantiza bastantes empleados, en especial en los servicios de atención a la dependencia. En este sentido, recomienda que se establezcan las ratios y los perfiles de manera consensuada con los agentes sociales. Además, el Consejo de Trabajo considera que la cartera debería incluir un plan estratégico de servicios sociales y tendría que mejorar el desarrollo de los servicios de promoción de la autonomía.
La cartera, a su juicio, debería también concretar la cuantía, al menos durante 2008, de las prestaciones de carácter económico. Asimismo, se subraya que el proyecto no hace referencia al servicio de centro de noche, que está previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de 2006. La cartera, a través de la cual la Generalitat se obliga a ofertar unos servicios, recoge 104 prestaciones divididas en tres tipos (de servicios, económicas y tecnológicas), y permite el acceso garantizado por ley a 59 de estos servicios, más de la mitad.
En cuanto al voluntariado, el texto indica que las iniciativas de este colectivo "no deben suplir en ningún caso a los servicios públicos", y solicita que se establezca la figura de la trabajadora familiar.
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