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Enésima marcha atrás en la errática política de gestión de la sequía que está haciendo el tripartito catalán (primero el Segre, después el trasvase del Ebro...). A las veinticuatro horas de consumar el esperpento, anunciar que se levantarían las restricciones por el uso de agua de boca -las famosas multas por llenar piscinas y regar-, en el día en que el primer barco cisterna llegaba a Barcelona, el gobierno catalán hizo marcha atrás.

El presidente, José Montilla, anunció que su Gobierno estudiará el próximo martes, en la reunión del Consejo Ejecutivo, cómo mantener estas restricciones y prohibiciones mediante la modificación del decreto de sequía de la Generalitat, ya que "tiene poco sentido" levantar determinadas medidas de control cuando, en caso de que no llueva lo suficiente, habría que volver a aplicarlas dentro de unas semana.

La medida se tomaría pese a que al volumen de agua acumulada en los embalses catalanes, tras las últimas lluvias, permite levantar dichas restricciones, ya a partir de mañana y de forma automática, en base a lo que fija el citado decreto.

En este sentido, fuentes del Departamento de Medio Ambiente no supieron precisar si finalmente se levantarán las restricciones para luego volverlas a imponer tras la reunión del Gobierno catalán. Otro lío más.

"La intención es no levantar determinadas medidas que dentro de tres semanas se pueden volver a poner en marcha", dijo Montilla, en alusión a que se ha podido pasar del estado de excepcionalidad II -que comporta restricciones- al I -que no-, por superar en sólo algo más de 5 hectómetros el umbral establecido por el decreto. "Efectos perversos" El consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, por su parte, advirtió que la salida de la fase de excepcionalidad II puede tener "efectos perversos", ya que, recordó, los pantanos de las cuencas internas de Cataluña, pese a mejorar con las últimas lluvias -rozan el 30 por ciento- siguen a poco más de la mitad de capacidad que hace un año.

Según explicó la conselleria de Medio Ambiente en un comunicado, la intención de la Generalitat es mantener determinadas prohibiciones en el uso del agua potable, como el llenado de piscinas públicas o privadas o el riego de jardines, una vez que el sistema Ter-Llobregat, que abastece al área metropolitana, salga de situación de excepcionalidad II y pase a excepcionalidad I, al aumentar el nivel de sus pantanos.

"Desde el gobierno nos planteamos las modificaciones que sean necesarias en el decreto para que nadie baje la guardia en las medidas de ahorro y por el hecho de que el paso de la excepcionalidad 2 a la 1 no comporte un relajamiento en las medidas y parezca que es jauja desde el punto de vista del agua", subrayó Baltasar.

Obviamente, la nueva decisión del gobierno tripartito no es ajena al enfado que ha provocado en algunos sectores políticos y sociales ver que se levantaban las prohibiciones de llenar piscinas o regar, mientras empezaban a venir barcos -el primero, con agua de los pozos de Tarragona- con un líquido pagado a precio de oro (56 millones de euros cuesta traerla). Precisamente, hoy llega el segundo barco aljibe al puerto de la capital catalana, con agua de procedente de Marsella, del río Ródano.