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Las enmiendas a la ley del derecho a la vivienda elaboradas por PSC, ERC e ICV-EUiA para cumplir las recomendaciones del Consell Consultiu mantienen la figura del alquiler forzoso pero introducen algunos cambios para reforzar las garantías legales. Como se recordará, el órgano asesor de la Generalitat emitió un dictamen en el que declaraba la inconstitucionalidad del artículo 42.6, donde se regula la figura el alquiler forzoso de las viviendas vacías.

La nueva ley, que se aprobará en el pleno de la semana que viene, establecerá que la Generalitat "debe aprobar programas de inspección" que permitan determinar qué viviendas se hayan desocupadas sin justificación en zonas con "demanda residencial fuerte y acreditada". Otra enmienda deja claro que, en el proceso para declarar que una vivienda incumple su función social, el afectado tendrá la oportunidad de hacer alegaciones.

No obstante, el redactado del polémico artículo es muy similar al actual, ya que mantiene que una vez agotadas las medidas para fomentar que se incorporen al mercado de alquiler las viviendas vacías, "la administración puede proceder a la declaración de incumplimiento social de la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda". El portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, denunció la voluntad del tripartito de "excluir" a la oposición del Pacto Nacional por la Vivienda al mantener esa figura.

Pujol lamentó que por parte del tripartito no haya habido "ninguna voluntad de negociación" a la hora de introducir modificaciones en el texto y criticó el empecinamiento que supone mantener una "medida ideológica" e "inaplicable". Por su parte, la portavoz del PP en el Parlament, Carina Mejías, amenazó con llevar la ley catalana de la vivienda al Tribunal Constitucional al entender que el alquiler forzoso vulnera el derecho a la propiedad privada.

Recordó que el Consultiu "considera que los procedimientos que establece la ley para favorecer el mercado de pisos de alquiler son medidas desproporcionadas, que vulneran el principio constitucional de la proporcionalidad y que el Govern no ha dado muestras de querer adaptarlas a la ley".