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El Consell Executiu aprobó ayer un Plan de dinamización económica orquestado por la Conselleria de Economía para "hacer frente" al empeoramiento de la economía que ayer, finalmente, reconoció su titular, Antoni Castells. El conseller reconoció además que "es probable que haya que revisar las cifras de crecimiento económico", aunque advirtió de que los datos a partir de los que su equipó cerró los presupuestos ya contemplan la eventualidad de que se cierre el año con un crecimiento entorno al 2por cien, aunque el crecimiento medio anual previsto es de 2,5por cien.

Aumento de la obra pública, políticas de acceso a la vivienda, medidas fiscales, mejoras en los trámites administrativos y políticas de ocupación conforman un bloque de medidas que Castells cuantificó en 2.700 millones de euros. Sin embargo, ese monto global incluye 1.800 millones que ya estaban presupuestados en proyectos que ahora se avanzarán para frenar, especialmente, la caída del sector de la construcción y sus efectos en el conjunto de la economía catalana.

Así, el plan incluye 792 millones de euros en recursos financieros para apoyar a las empresas y mientras el impacto de las medidas nuevas en el presupuesto será de 120 millones, ocho de gasto y los 112 restantes por la reducción de ingresos derivada de las medidas fiscales propuestas.

Pese a este desglose, Castells negó que se trate de una "operación de maquillaje" y defendió el "esfuerzo" realizado por el Ejecutivo catalán para frenar la crisis. Un esfuerzo que consideró "proporcionalmente superior" al anunciado por el Gobierno, al que recriminó que "parte de unos presupuestos con superávit porque nos trasladan a nosotros el déficit".

De las 42 medidas presentadas ayer por Castells, 14 son nuevas, mientras en el resto de los casos se trata de proyectos ya previstos que se adelantarán o la ampliación de las medidas ya planteadas para estimular la actividad económica y la demanda. Estructuradas en siete líneas de actuación, las medidas incluyen: inversión en obra pública; políticas de mejora de acceso a la vivienda; financiación e impulso a la actividad empresarial; medidas fiscales; políticas activas de ocupación; mejoras en los trámites administrativos y los marcos reguladores de la actividad económica; e impulso y adaptación de las medidas estructurales en curso.