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La consellera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat, Carme Capdevila, fue la encargada de defender esta ley, pionera en muchos aspectos y que está dotada con un presupuesto de 24 millones de euros. La ley establece medidas integrales sobre la prevención y la detección de la violencia machista y de sensibilización, con la finalidad de "erradicarla de la sociedad". También reconoce los derechos de las mujeres que la sufren a la "atención, la asistencia, la protección, la recuperación y la reparación integral". Destaca el capítulo sobre prestaciones económicas, donde se reconoce el derecho de las mujeres que "como consecuencia de las formas de violencia machista especificadas en este ley sufran secuelas, lesiones corporales o daños en la salud física o psíquica de carácter grave" a percibir "del Govern un pago único de una candidad económica". Asimismo, aquellas mujeres que tengan reconocida judicialmente el derecho a percibir pensiones alimentarias y pensiones compensatorias, podrán beneficiarse del fondo de garantía de pensiones, en caso de impago del ex cónyuge. En la normativa se define el concepto de violencia doméstica, así como todas sus formas. También se regulan los principios orientadores de las administraciones públicas, entre ellas la obligación del Govern de poner todos los medios necesarios para prevenir, detectar y erradicar lo que la consellera Capdevila calificó de "lacra social".

También se pormenorizan las acciones de los poderes públicos en situaciones específicas, como la inmigración, la prostitución, el mundo rural, la vejez, el sida, la discapacidad, la etnia gitana y, especialmente en los casos de mutilaciones genitales femeninas. Según la ley, el Govern promoverá la mediación comunitaria en las familias si hay riesgo de mutilaciones genitales", así como facilitar los mecanismos sanitarios necesarios para "afrontar la demanda de mujeres que quieran revertir los efectos de la mutilación practicada". La nueva ley alude a la necesidad de introducir herramientas de sensibilización en el ámbito educativo y sanitario, así como en los medios de comunicación. Una vez consumado ese tipo de violencia, la ley regula las medidas de protección que se deben ofrecer a la mujer, la actuación de los cuerpos policiales, y la asistencia sanitaria y jurídica necesaria.

En este sentido, la Generalitat podrá personarse "en los procedimientos penales por violencia machista, en los casos de muerte o de lesiones graves de mujeres", siempre que haya consentimiento de la víctima. En base a esta ley, la Generalitat se compromete a facilitar a las víctimas el acceso a la vivienda. Las mujeres que hayan sufrido este tipod e agresiones tendrán acceso prioritario a las viviendas de promoción pública. PP y Ciutadans dieron un "sí crítico" a esta ley, por considerarla excesivamente intervencionista, mientras que el grupo parlamentario de CiU se dio por satisfecho al haberse admitido 80 enmiendas presentadas por los nacionalistas. La presidenta del Institut Català de la Dona, Marta Selva, considera que la nueva ley responde a una vieja demanda de la sociedad.