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Si existía alguna duda respecto a la irregular contratación de estudios técnicos por parte de la Generalitat, el Síndic de Comptes la ha disipado. "Llevamos diez años denunciando que algunos contratos de informes no están justificados", asegura Joan Colom. Unas críticas dirigidas tanto al Gobierno tripartito como al de CiU, lo que ha provocado que ambas partes hayan querido demostrar quién ha gestionado mejor este capítulo de gastos que, según Colom, no siempre están justificados.

Las declaraciones del máximo responsable de este órgano encargado de fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas se refieren a la polémica suscitada por la adjudicación a dedo de 1.583 estudios a personal ajeno a la Generalitat durante 2007, con un coste de 31 millones de euros. Algunos beneficiarios de esos encargos son personas afines al tripartito, como ex diputados, asesores y antiguos cargos del Gobierno catalán. El caso está actualmente en manos de la Fiscalía, a raíz de la denuncia del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias.

Tras las críticas vertidas por el Síndic, quien advierte de que la adjudicación excesiva de informes sin concurso por un valor inferior a 12.000 euros "evita la transparencia", fuentes del Govern recordaron que la Conselleria de Economía ha encargado una auditoría para controlar esos contratos.

Y aseguran que, desde que gobierna el tripartito, la cifra destinada a esa clase de dictámenes y estudios se ha reducido sensiblemente. Según Economía, el gasto por este concepto que contemplan los Presupuestos de la Generalitat ha pasado de 90 millones de euros en 2003 a 127 millones de euros en 2008. Sin embargo, este departamento sostiene que el peso de estos costes en el presupuesto consolidado se ha reducido del 0,48 por ciento al 0,36 por ciento.

Esta misma conselleria precisa que en ese recuento se incorporan gastos correspondientes a entidades que no estaban incluidas en el Presupuesto de 2003 -como por ejemplo GISA o la Agencia Catalana del Agua- y también incluyen gastos que en 2003 aparecían en otras partidas, ya que la reclasificación se produjo en 2006. CiU rehusó comentar las declaraciones del Síndic, pero también aportó sus datos. Según los nacionalistas el gasto en estudios y trabajos técnicos de los departamentos de la Generalitat ascendían en 2003 a 13 millones de euros, cifra que al año siguiente alcanzó los 29 millones de euros, es decir, un aumento del 118 por ciento. CiU añade, asimismo, el gasto que destinan las entidades autónomas, sociedades mercantiles y empresas públicas. Aquí, el incremento más significativo se produce en 2006, cuando la contratación de informes pasó de 64 millones a 153 millones, es decir, una subida del 138 por ciento.

A juicio de la portavoz parlamentaria del PP, Carina Mejías, las declaraciones de Joan Colom vienen a dar la razón a su partido "cuando denunciamos que esos informes evitan la transparencia y podrían ser utilizados como pago de favores". Según Mejías, el Síndic de Comptes "invalida los argumentos" del conseller de Política Territorial Joaquim Nadal, quien anunció que el Govern encargaría una auditoría, pues "desde hace diez años, la Sindicatura viene advirtiendo de que algunos informes son innecesarios y que en ocasiones no controla aquellos que cuestan menos de 12.000 euros".

Los populares están dispuestos a seguir investigando para depurar responsabilidades respecto a estos "episodios de pseudocorrupción". El hecho de que Colom haya hecho extensiva su denuncia al Gobierno de CiU explica, según la dirigente popular, que los nacionalistas "no quieran secundar nuestra propuesta de creación de una comisión de investigación parlamentaria. El tripartito y CiU se tapan las vergüenzas y de ahí, la negativa a crear esa comisión".

Desde noviembre de 2007, el órgano fiscalizador que dirige Colom trabaja en la elaboración de un informe sobre los contratos efectuados por las consellerias de la Generalitat durante 2006.