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Las inspecciones de trabajo realizadas en la provincia de Barcelona por la Delegación del Gobierno en Cataluña en materia de extranjería detectaron a 697 empresas que habían contratado inmigrantes irregulares en 2007. Las sanciones impuestas a los empresarios catalanes por infracciones muy graves contra la Ley de Extranjería ascienden a un total de 6,2 millones de euros.

La Delegación del Gobierno impuso también 36 multas (por un valor de 10.836 euros) a ciudadanos extranjeros por infracciones graves como trabajar sin permiso legal o por su estancia irregular en España. Otros 32 inmigrantes fueron sancionados (990 euros) por infracciones leves como retrasarse tres meses en la renovación del permiso laboral. En este caso la multa es de unos 30 euros de media.

Entre las sanciones más graves para los empresarios se encuentra la promoción de la inmigración clandestina o la contratación de trabajadores extranjeros que no disponen de autorización de trabajo, en cuyo caso las empresas son multadas con 6.000 euros por cada empleado irregular. La Delegación del Gobierno resalta la importancia de la colaboración de los cuerpos policiales en la labor de los inspectores de trabajo que detectan los casos de contratación ilegal.