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Hoy se cumplen dos años del referéndum donde se aprobó el nuevo Estatut catalán. Y el escaso entusiasmo demostrado entonces por los catalanes parece haberse trasladado a su aplicación. ERC e ICV hicieron un balance negativo sobre el desarrollo estatutario y reprocharon al Gobierno español su escaso interés en transferir las competencias que contempla el texto, como por ejemplo el servicio de Cercanías o el aeropuerto de El Prat.

CiU hace extensiva esta desidia al Ejecutivo de José Montilla, al que acusa de falta de liderazgo. Este aniversario coincide con la negociación del nuevo sistema de financiación, que según el Estatut, debería estar pactado antes del 9 de agosto. Este es, a juicio del portavoz nacionalista, Oriol Pujol, el ejemplo de incumplimiento más evidente, pues todo parece indicar que el acuerdo se pospondrá hasta después del verano. Por su parte, los republicanos se han convertido en garantes de un texto que ellos ni siquiera votaron pero que, según recordó la portavoz Anna Simó, "es ley orgánica y hay que cumplirla".

Como se sabe, una de las líneas rojas marcadas a Montilla por la nueva dirección de ERC es dar una respuesta contundente en el caso de que el Tribunal Constitucional recorte el Estatut, aunque el partido que lidera Joan Puigcercós asegura estar al lado del Govern en materia estatutaria. Por parte de ICV, Jordi Miralles, critica que el Estatut esté al albur de elecciones, congresos o especulaciones sobre la sentencia del TC.