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Los empresarios de la construcción de Tarragona se quejan de la falta de medidas dirigidas a reactivar su sector. Diego Reyes, presidente de la Asociación de Promotres Inmobiliarios del Tarragonés, subraya que "nadie se acuerda del pequeño empresario en épocas de vacas flacas, aunque hayamos contribuido en las campañas electorales". En su opinión, "nadie escucha al empresario promotor residencial porque todos piensan que nos hemos enriquecido y ahora nos tenemos que aguantar, sin tener en cuenta que desarrollamos una actividad profesional al que aplicamos un margen comercial, con la particularidad de que generamos mucho empleo".

Manuel Niñerola, presidente de la APPCE, propone una batería de medias. La principal, que el Estado avale las hipotecas españolas, que "nada tienen que ver con las "subprime" norteamericanas, porque en nuestro caso el riesgo está muy calculado".

También se deben fijar los precios de las viviendas concertadas y sociales "para que todo el mundo sepa a qué atenerse, tanto los ciudadanos como las empresas que así evitarán caer en procesos concursales", dice Niñerola, que señala a las entidades financieras como parte importante del parón inmobiliario por la crisis crediticia que ha provocado la falta de confianza internacional.

El presidente del Círculo de Economía señaló hace unos días que la crisis inmobiliaria tardará "entre tres y cinco años" en superarse, periodo en el que debe "absorberse" el excedente acumulado por las empresas del sector en los últimos años de ventas récord.

Para Niñerola, lo principal "es buscar soluciones para el actual estocaje de producto". Valora positivamente las iniciativas como el alquiler con derecho a compra emprendida por Habitat, pero señala que "más del 90 por ciento del sector son empresas pequeñas y medianas, que son los que damos empleo, y no tenemos la capacidad de poder reestructurar las finanzas con los bancos".

Como la presión de las entidades financieras sobre el sector "es brutal" por la falta de liquidez y porque los productos financieros asociados a las hipotecas "no los compra nadie en todo el mundo, cuando las hipotecas españolas gozan de escaso riesgo", el presidente de la patronal tarraconense de los promotores propone que "el Estado apoye al sector de la construcción y al financiero ofreciendo garantías internacionales a los paquetes de hipotecas que ofrezcan". A su juicio, "la solvencia española está más que demostrada y hay que tomar medidas para evitar la destrucción del tejido industrial".

El empresario subraya que "es injusto" que el Estado no se preocupe de intentar dar liquidez a las entidades financieras, porque argumenta que nuestro sistema hipotecario "tiene propiedad, es un bien registrable y cuenta con un Banco de España que controla el nivel de lo que se presta". Aunque Niñerola reconoce que algunas entidades en el pasado han abierto la mano demasiado y han concedido más dinero del valor de los inmuebles, "en la mayoría de los casos no ha superado la base del 80 por ciento de la tasación de la vivienda".

La promoción de viviendas en Tarragona ha crecido de forma equilibrada en todas las comarcas, según la Cámara de Comercio provincial, excepto en la zona sur, históricamente menos poblada, donde se ha acelerado la oferta a través de grandes empresas nacionales y locales que han desarrollado promociones muy numerosas. Es el caso la comarca de las Terres de l"Ebre y de poblaciones como L"Hospitalet de l"Infant, Sant Carles de la Ràpita y Amposta.

En cuanto a Salou, un total de catorce empresas de intermediación inmobiliaria han cerrado sus puertas en los últimos doce meses, hasta reducir su número a 78 oficinas, informan fuentes municipales. El número de viviendas nuevas construidas en Salou experimentó un incremento de 495 unidades en 2006, mientras que en 2007 la cifra de iniciadas subió 286 viviendas, lo que supone una caída en la promoción internacional del 42,23 por ciento, según datos del área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salou, presidida por Marc Montagut.

La Cámara de Comercio señala que la desaceleración de la actividad es gradual en Tarragona, aunque más acentuada en la construcción, sector que en marzo de 2008 acumulaba 5.1995 parados, lo que supone el 16,8 por ciento del total de desempleo registrado por el INEM. Muchos de esos trabajadores se ofrecen a los administradores de fincas, como Jordi Savé, para efectuar remiendos.

El sector de la construcción reclama medidas de fomento de las ventas, como fijar los precios de la vivienda concertada y social, además de un mayor respaldo crediticio para las entidades financieras