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Desde que en la década de los setenta se construyó la Autopista del Mediterráneo, la comunicación entre Cataluña y Valencia ha quedado, como se dice, atrapada en el tiempo. La falta de inversión en infraestructuras -ejemplificada en el cuello de botella ferroviario que es la conexión Tarragona-Castellón- lastra el crecimiento de la que es, de largo, la región económica más dinámica de España: Cataluña y la Comunidad Valenciana aportan conjuntamente el 28,5 por ciento del PIB español; por contra, sólo reciben el 23 por ciento de la inversión total en España en infraestructuras.

Sobre esta base, y retomando el argumentario empleado en la reciente reunión en Valencia de los consejeros de Economía de ambas comunidades -en lo que fue la constitución de facto de una ente de la periferia rica frente a Madrid-, la Cámara de Comercio de Barcelona hizo pública una nota en la que se reclama un cambio en el criterio de la inversión territorial vigente hasta ahora. La Cámara, en un momento precisamente en el que el Estado se dispone a abrir el melón de la financiación autonómica, reclama que se dé mayor importancia al criterio de eficiencia -rentabilidad económica del proyecto- frente al de equidad -contribución a la convergencia entre regiones con distinto nivel de desarrollo- a la hora de invertir en infraestructuras.

La Cámara de Comercio basa sus cálculos en la tabla de productividad de las infraestructuras, de la que se extrae que ésta aumenta en función del nivel de desarrollo. Tomando como base 2004, un euro invertido en infraestructuras generó 2,71 euros de producción en Cataluña y 2,19 en Valencia. Mientras, el mismo euro invertido en las dos Castillas, Extremadura, Aragón o Asturias llevó asociada una repercusión inferior a los 1.50 euros. Para la Cámara, pues, "una política redistributiva que favorezca las inversiones en las regiones menos desarrolladas tiene un coste de oportunidad en términos de menos crecimiento de la producción global en todo el Estado, además de ser un freno en el crecimiento de las comunidades con mayor dinamismo".

Otro de los argumentos que se arguyen desde Cataluña es el desequilibrio en lo que se conoce como "stock de infraestructuras por habitante", que calcula la inversión histórica acumulada en infraestructuras -desde los años sesenta- en cada comunidad dividida por el número de habitantes. Ahí, de nuevo, las regiones más pobladas son las de peor coeficiente. Frente a la media española de siete euros por habitante, Cataluña se queda con 6,05; Valencia 5,98; Madrid 5,94 e Islas Baleares 4,84. Por contra, las comunidades "más favorecida" en términos relativos son Aragón, 11,90 euros; Asturias 9,84 y Castilla y León 9,56.

A partir de estas cifras, retomando la lista de asuntos pendientes y a partir de los cálculos de tráfico de pasajeros y mercancías previsto para 2030, la Cámara de Comercio exigió inversiones decididas en el corredor mediterráneo: eje de autopista con tres carriles por sentido mínimo y eje de autovía integrada por el desdoblamiento de la N-340 Algeciras-Vilafranca-Abrera, y su continuidad con la B-40 (Abrera-Maçanet) y desdoblamiento de la N-II (Maçanet-La Jonquera). En cuanto a ferrocarril: eje exclusivo de doble vía y ancho internacional para mercancías con acceso a los puertos; y eje ferroviario de doble vía y altas prestaciones que permita "liberar" la red de Cercanías.