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Un primer paso para construir una única política de inmigración en la Unión Europea (UE), un documento de mínimos que remedia las lagunas legislativas de no pocos países miembros o una flagrante violación de los derechos humanos. Dentro de estos parámetros se desarrolla el análisis sobre la polémica Directiva Europea de Retorno, aprobada el pasado miércoles en Bruselas con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. El texto salió adelante con el previsible apoyo de los grupos de derecha (Partido Popular Europeo, Liberal y Unión por la Europa de las Naciones), al que se sumaron 34 votos socialistas, 16 de ellos españoles. En el viraje del PSOE hacia posturas más reglamentistas se adivinan los cambios en la política de inmigración española que planea el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para el próximo julio. En Cataluña, con más de un millón de inmigrantes empadronados a principios del 2008, las opiniones son diversas.

"El PSOE se está colgando de la percha de la directiva europea para endurecer la ley", observa el eurodiputado del Partido Popular Agustín Díaz de Mera. Según recuerda, el gobierno socialista llevó a cabo "un proceso de regularización masiva que hizo saltar chispas en la UE", un territorio sin fronteras interiores y con las exteriores "muy permeables". Tras la experiencia -que sólo sirvió en su opinión para que "en los países más pobres de la Tierra se escuchase a través de las mafias que aquí había papeles para todos"- España vuelve al redil. Para Díaz de Mera la directiva es "un punto de partida, no de llegada": aunque resulte "mejorable" en muchos aspectos, ha logrado poner de acuerdo a 27 estados de la Unión. A partir de aquí, defiende el eurodiputado, se avanza "en la buena dirección", entendida como conseguir una política común en la materia.

También a favor de la propuesta, el eurodiputado de CiU Ignasi Guardans defiende que la directiva ha de valorarse "desde el punto de vista de los estados que no tienen ninguna garantía de regulación". Aunque se han criticado medidas como la retención de hasta 18 meses de los irregulares, en siete países de la UE no existe límite alguno, ejemplifica Guardans: Reino Unido, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Paises Bajos y Suecia. Otros encierran a los irregulares mezclados con presos comunes y recluyen en cárceles a los menores, enumera. Por ello, la directiva europea sirve para establecer "unos mínimos" en países que antes no los tenían, esgrime Guardans. Los "más proteccionistas", caso español, continuarán aplicando sus legislaciones. Aún así, no siempre permanecerán impermeables a la directiva. Un ejemplo: España ostenta por ahora uno de los períodos de retención más cortos de la UE, de 40 días, junto con Francia (31 días) y Chipre (un mes). A rebufo de la directiva, la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de La Vega, anunció que ese plazo resulta insuficiente, por lo que en breve se prolongará hasta 60 días.

Tanto en la UE como en España se está cayendo en el "discurso perverso de igualar inmigración y criminalidad", sostiene el eurodiputado de ICV Raül Romeva. Según explica, su partido defiende "el sí a un debate europeo pero no planteado como un problema de seguridad". A su parecer, resulta lógico que el PP apoye la directiva "porque forma parte de su ADN". No el PSOE, en quien "sorprende y es preocupante".