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El tripartito impuso ayer sus votos en el Parlament para criticar la gestión de Unió al frente de la Consejería de Trabajo entre 1990 y 2001, periodo en el que se produjeron las irregularidades del "caso Pallerols", pero no pudo reprobar a los gobiernos nacionalistas con carácter retroactivo, tal y como querían, por un dictamen contrario de la letrada de la Comisión parlamentaria de la Sindicatura de Cuentas.

La comisión aprobó, eso sí, una resolución crítica con la gestión de los socialcristianos, tras aprobar el Informe de la Sindicatura sobre este periodo, en el que se detectan numerosas irregularidades en la gestión de los fondos socialies europeos que debían destinarse a cursos de formación ocupacional.

Así, el texto aprobado finalmente en el Parlament "muestra su preocupación por la gravedad de los incumplimientos normativos detectados" por la Sindicatura de Cuentas entre 1990 y 2001, la etapa del gobierno de CiU fiscalizada. El informe de la Sindicatura sobre los fondos ocupacionales del Fondo Social Europeo otorgados a las entidades públicas catalanas revela que las empresas del grupo Pallerols incurrieron en irregularidades.

En este sentido, la resolución, que finalmente ha sido aprobada con los votos de PSC, ERC e ICV-EUiA, la abstención de CiU y el voto en contra del PPC, constata deficiencias en relación con la gestión de los expedientes y el archivo de la documentación. El texto señala también que hasta 2001 el Gobierno catalán "no puso en marcha medidas concretas para mejorar los sistema de gestión, control e información en esta materia".

Por otra parte, el Parlament aprobó encargar a la Sindicatura de Cuentas elaborar, con los datos de su informe "ampliaciones específicas sobre todas las empresas o entidades sometidas a algún tipo de proceso judicial o del ministerio Fiscal". Este punto desató acusaciones cruzadas entre los grupos e intercambio de reproches, puesto que PPC y CiU querían que la resolución mencionara explícitamente a la empresa Movilma, algo que los grupos de la izquierda rechazaron.

En este sentido, la diputada de ERC Patricia Gomà aseguró que el texto aprobado ya incluía requerir información a la empresa Movilma sobre el uso de los fondos ocupacionales, mientras que la oposición consideró que quedaba fuera del informe.