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Govern y partidos catalanes mantuvieron ayer la presión sobre el ministro de Economía, Pedro Solbes, en torno a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, con una nueva cascada de declaraciones y propuestas-amenazas para intimidar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A dos semanas de la fecha límite marcada por el Estatuto del 9 de agosto, y en vísperas de una semana clave en este sentido, con la reunión de la Comisión Mixta de Economía, la Bilateral de infraestructuras y la Comisión Mixta Estado-Generalitat -el lunes, martes y miércoles respectivamente- unos y otros elevaron, si cabe, un punto más el tono de sus intervenciones.

Así, el conseller de Economía, Antoni Castells, quiso dejar claro a Solbes que el PSC no necesita "advertencias de responsabilidad", al tiempo que acusaba al Ejecutivo español de "falta de voluntad política" para cumplir el Estatuto. En declaraciones a TV3, Castells replicó al ministro, que había pedido al PSC responsabilidad en la negociación del nuevo modelo de financiación, y subrayó que ser responsable "es hacer que se cumpla el Estatuto".

El PSC, añadió el conseller, "es tan responsable que, en vez de hacer debates demagógicos y maximalistas, dice que seguirá trabajando hasta el último momento, pese a ver la falta de voluntad política del Estado de cumplir el Estatuto". En este contexto, se felicitó por el "frente catalán" alcanzado tanto con CiU como con los agentes económicos, y abogó por "jugar bien nuestras cartas". Algo que, en su opinión, implica "unidad en Cataluña, responsabilidad, negociación, firmeza, voluntad de cumplimiento del Estatuto y ser conscientes de que es una cuestión en que no nos tenemos que poner nerviosos. Y si somos capaces, lo podremos hacer".

Paralelamente, el secretario general de ERC, Joan Ridao, hizo un llamamiento a todos los partidos y entidades catalanas para convocar una gran manifestación unitaria en la próxima Diada del 11 de septiembre a fin de reclamar un sistema de financiación más justo para Cataluña. ERC envió ayer una carta a todos los partidos catalanes, así como a las principales entidades sociales, económicas y culturales, en la que se les invita a convocar para la Diada una gran manifestación unitaria, al estilo de las que tuvieron lugar durante la época de la transición.

"No es una simple táctica negociadora, sino que es toda la sociedad catalana la que exige un cambio de sistema", destacó. El dirigente republicano consideró llegado el momento de recuperar las marchas de la transición porque "ahora hay un motivo de gran relevancia para volver a salir a la calle, y creemos que no hay ninguna excusa para decir que no". Advirtió, sin embargo, de que la marcha debe ser totalmente unitaria, y aseguró que ERC no quiere tratar de capitalizarla, aunque ya aventuró un lema: "Todos unidos por la financiación de Cataluña".

Desde ICV, el portavoz ecosocialista en el Congreso de los Diputados, Joan Herrera, advirtió al presidente del Gobierno que si el 9 de agosto no hay una nueva propuesta de financiación para Cataluña pedirá su comparecencia extraordinaria en el Congreso "porque es extraordinario que incumpla la ley". Iniciativa entrará en el registro del Congreso la petición de comparecencia "con carácter de urgencia" de Zapatero. No pedirán, sin embargo, la intervención del ministro de Economía, Pedro Solbes, porque consideran que el que tiene que dar las explicaciones es "el máximo responsable".

Por su parte, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, cuestionó que el PSC vaya a mantener la actitud beligerante exhibida en esta materia. Tras reunirse con el líder de CiU, Artur Mas, en la sede convergente, Sánchez-Camacho se felicitó por la actitud de firmeza del Govern, pero auguró que el PSC "no tiene suficiente capacidad para incidir" en el Gobierno de Zapatero y "no se atreverá" a vetar los presupuestos. De hecho, tachó de "cortina de humo" la contundencia anunciada por los socialistas catalanes.