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Con más de un mes de retraso de lo previsto, las primeras multas a los ciudadanos de los 33 municipios del área metropolitana de Barcelona que derrochen agua empezarán a llover a partir de la semana que viene. La Entitat del Medi Ambient (EMA), órgano que agrupa a un total de 33 municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aprobó definitivamente una modificación del reglamento de abastecimiento de agua potable, que contempla sanciones de hasta 3.000 euros a quienes malgasten este recurso regando jardines o llenando piscinas con agua de boca. Esta medida sancionadora fue aprobada inicialmente el pasado febrero y, tras el periodo de exposición pública, entrará en vigor una vez se publique en el boletín oficial de la provincia de Barcelona. Presumiblemente, será a partir de la próxima semana.

Se prevén sanciones de 30 euros a quien lave el coche en la vía pública utilizando agua potable, y 50 euros a quienes utilicen este recurso para regar jardines pequeños, de menos de 250 metros cuadrados de superficie. La gravedad de las sanciones será proporcional al tamaño de la piscina o jardín en cuestión. Así, los multados tendrán que abonar hasta 750 euros por una sanción leve, hasta 1.500 por una grave, y hasta 3.000 por una muy grave.

En el caso de que el sancionado reincida dos veces en un mismo comportamiento por el que ha sido multado, se podría llegar a ordenar el precinto de la toma de agua potable en cuestión.

El presidente de la EMA, el edil barcelonés Francesc Narváez, explicó que serán los Ayuntamientos quienes "gestionen las sanciones", y serán los inspectores municipales, policías locales y los Mossos d"Esquadra los que se encargarán de detectar el consumo improcedente de agua de boca.

Las restricciones al uso de agua potable, derivadas del decreto aprobado por la Generalitat el pasado febrero, afectan a 460 municipios de la región de Barcelona y Girona, que suman casi cinco millones de habitantes. Con todo, son los municipios quienes, en virtud del plan de contingencia que están obligados a elaborar para restringir el uso de agua, tienen la última palabra a la hora de decidir si deciden sancionar o no a sus ciudadanos y en que cuantía.

Con multas o sin ellas, Cataluña sigue asolada por la sequía, aunque dentro del desastre hubo una relativa buena noticia: la entrada en estado de emergencia, que implica que las reservas bajan hasta el 20 por ciento de su capacidad total y que en algunos casos -según decían los ayuntamientos-, podría traducirse en restricciones de consumo de agua de boca, se ha retrasado hasta dentro de 15 días. Todo ello gracias a las últimas lluvias y nevadas, según confirmó en rueda de prensa el conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.

Baltasar reiteró que no contemplan cortes en el consumo de agua domiciliaria hasta pasado el verano. Asimismo, el conseller se desgañitó en defender el proyecto que estudian aplicar el próximo otoño, si no llueve, para captar agua del río Segre en la Cerdanya y llevarla, mediante una tubería de 14,5 kilómetros que transcurriría en parte por la galería de servicios del Túnel del Cadí, a la cuenca del río Llobregat. Una medida que ha suscitado mucha polémica, que requiere del aval del Gobierno central que aún no tiene y que el conseller rechaza denominarla como trasvase, alegando que será temporal, ya que la instalación se desmantelará, como muy tarde, en la primavera de 2009, cuando entre en funcionamiento la desaladora de el Prat de Llobregat.

El conseller se mostró "sensible" a las críticas y el rechazo que ha generado esta opción entre las instituciones y actores sociales de Lleida, aunque aseguró que "es la mejor solución posible" a corto plazo.

El conseller reveló que se estudiaron otras posibilidades, como captar agua del Segre del pantano de Oliana para llevarla hasta el río Cardener, afluente del Llobregat, o trasvasar agua del canal de Urgell, también del Segre, hasta el río Anoia, afluente del Llobregat. Sin embargo, los técnicos del departamento, partiendo de un estudio elaborado por la Agencia Catalana del Agua , se decantaron por la captación directa de agua del Segre cerca del Túnel del Cadí, pese a que dio a entender que no era la más barata (su coste es de más de 20 millones de euros). "Se ha buscado el recorrido más corto y fácil y que menos impacto tiene en la actividad humana, agrícola y ecológica", afirmó.