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A la crisis económica se ha unido la sequía para un puñado de sectores en los que el agua constituye el elemento principal de su producción. Jardineros, mayoristas de flores y fabricantes de piscinas padecen las restricciones de forma directa y aparecen ante la sociedad bajo el estigma de la "criminalización". En el caso de las empresas de jardinería, Javier Gil-Vernet, gerente de la central de compras Jardinarium, advierte que "no podemos dejar morir la naturaleza de nuestro alrededor, porque sin naturaleza no hay vida".

La Federación de Fabricantes de Equipos y Constructores de Piscinas, Saunas y Spas asegura que las piscinas sólo consumen el 0,6 por ciento del agua potable de Cataluña, por lo que pide que no se criminalice ni a estas instalaciones ni a sus propietarios ni al sector. Lo mismo le ocurre a los mayoristas de flores y jardineros en general. El presidente de la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de la Flor de Mercabarna, Jordi Plana, afirma que el decreto de la Generalitat que prohíbe el riego de jardines y plantas ha hecho "daño" a los productores. Unos perjuicios que cifra en "un 40 por ciento" de flores y plantas que se está perdiendo por la imposibilidad de regar.

El parque de piscinas español está compuesto por 800.000 unidades, de las que 150.000, es decir, una quinta parte, están en Cataluña. Sólo en la comunidad catalana el sector engloba directamente a 600 empresas que facturan cerca de 300 millones de euros y que generan 4.800 empleos directos, aunque indirectamente está muy vinculado con otros ámbitos económicos, como la hostelería, el cámping o el turismo. La federación prepara recomendaciones dirigidas a los propietarios de piscinas para promover el ahorro de agua. Se estudia la viabilidad de llenar las piscinas con fuentes alternativas al agua potable, como el agua salada, el agua procedente de los excedentes de pozos, las aguas depuradas o las no autorizadas para uso de boca.