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La consellera de Justicia, Montserrat Tura, presentó el proyecto que regula la "mediación civil" y la amplía a conflictos en el ámbito de asociaciones y fundaciones, entre vecinos, en el ámbito de la convivencia ciudadana -locales o actos de ocio- y los resultantes de la coexistencia de diversas culturas -como los asociados a algunos centros de culto-. Además, la mediación familiar se amplía a los conflictos entre padres e hijos, entre padres biológicos y adoptivos, entre familiares de diferentes nacionalidades, por cuestiones derivadas de la sucesión, por la acogida de personas mayores o incapacitadas o en el seno de la empresa familiar.

El objetivo es que esos conflictos, que pertenecen a la esfera privada, no lleguen a los juzgados y se resuelvan "a través del diálogo y la mediación, con el asesoramiento de expertos". Esa herramienta, señaló Tura, es una solución "complementaria" a la judicial y que permitirá dar "celeridad y agilizar" la resolución de conflictos.

El proyecto de ley establece un plazo de sesenta días hábiles, con una prórroga excepcional de treinta días, para hallar una solución. Tura destacó que la experiencia, hasta el momento, de la mediación en el ámbito familiar ha demostrado que es una herramienta eficaz, ya que siete de cada diez conflictos matrimoniales sometidos a mediación en 2007 se solventaron sin necesidad de acudir a los tribunales.

La ley establece que la mediación se puede aplicar antes de acudir a los juzgados cuando una de las partes lo solicite, o bien dentro de un trámite judicial abierto por orden de un juez que estime más conveniente derivar la causa a un diálogo entre las partes.