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Cinco días después de producirse el accidente que el lunes dejó a oscuras Barcelona y que ha tenido sin electricidad a 10.000 abonados durante tres días, el presidente de la Generalitat, José Montilla, compareció ayer por primera vez públicamente para anunciar un acuerdo con Fecsa-Endesa por el que la eléctrica empezará a pagar indemnizaciones el lunes a los abonados domésticos. Tras una reunión de tres horas con el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, y el presidente de Red Eléctrica Española (REE), Luis Atienza, el presidente de la Generalitat arrancó además el compromiso de nuevas inversiones y amenazó a las compañías con multas de hasta 30 millones de euros.

Se trata de unas cantidades sin precedentes en España, que superan las que la Comunidad de Madrid fijó hace un año a Iberdrola cuando un corte en el suministro eléctrico dejó a 60.000 abonados sin luz. Antes de anunciar esas medidas, el presidente de la Generalitat y ex ministro de Industria no pudo menos que disculparse ante los afectados por el caos vivido esta semana en Barcelona. Lo hizo, eso sí, señalando insistentemente que el suministro eléctrico no es un servicio público y que la Generalitat no se dedica a suministrar energía, pero reconoció que "más allá de las competencias es inaceptable que en Cataluña falle estrepitosamente un servicio básico" como el de la electricidad.

El presidente catalán rechazó que la Generalitat deba asumir "responsabilidades políticas" por lo sucedido e insistió en que el Govern "ha hecho lo que debía en función de sus competencias" y anunció que en septiembre su ejecutivo presentará una proposición de ley para regular la calidad de los servicios energéticos. En este contexto, Montilla intentó compensar su silencio de estos días asegurando que la Generalitat "ha trabajado desde el primer momento" movilizando todos sus efectivos para garantizar la seguridad y los servicios públicos como la sanidad. Y advirtió de que "ha llegado la hora de dirimir responsabilidades, compensar a los afectados y evitar que se vuelva a producir" una situación así.

En este capítulo, Endesa habilitó ayer dos vías de reclamación para abonados particulares y empresas. Los primeros podrán recibir entre 60 y 300 euros en función de las horas que duró el corte de suministro y el número de personas afectadas en ese domicilio. En cuanto a las empresas, Endesa aceptó la intercesión de la Junta Arbitral de Consumo creada "ad hoc" por la Generalitat para dirimir las compensaciones económicas. De hecho, ayer tarde responsables del departamento de Economía se reunieron con diversas asociaciones de empresarios y comerciantes afectados para explicarles cómo reclamar las indemnizaciones.

Endesa dejó claro, sin embargo, que el hecho de que asuma de momento el pago de las indemnizaciónes no es una asunción de responsabilidades, y el propio Montilla aclaró que el expediente de la Generalitat dirimirá esas responsabilidades. Montilla se remitió a la Ley de reforma del sector eléctrico aprobada por el Gobierno el día 5 que otorga nuevas competencias a las comunidades autónomas en esta materia, para anunciar que el expediente abierto por la Generalitat podría desembocar en sanciones de hasta 30 millones de euros. La Generalitat exigirá además el plan anual y plurianual de inversiones a las compañías, que deberán presentarlo en octubre, y ejercerá nuevas competencias en materia de inspección sobre el sector.

En el Ayuntamiento, PSC e ICV volvieron a sufrir por su debilidad durante el debate sobre la gestión municipal del apagón. CiU y PP coincidieron en reclamar "responsabilidades" al Consistorio, mientras que ERC atribuyó la "incompetencia" al hecho de que REE sea de titularidad estatal de manera total o parcial. El presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernández, acusó al equipo de gobierno de no defender los intereses de los ciudadanos. "Se han puesto por delante los intereses del partido que los de la gente", lamentó,