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El Gobierno ya no tiene tan claro que vaya a asumir la subida salarial de la plantilla de Urbaser. Y eso que la última vez que habló de ello -el pasado viernes en sesión plenaria- mostró su férrea convicción acerca de la legalidad y legitimidad de pagar de las arcas municipales la ampliación del convenio de la empresa de limpieza. Lo hacía, aseguró el Gobierno, para evitar una huelga, y por el bien de los trabajadores de la empresa de limpieza y por el "equilibrio financiero" de ésta. Tres días después del encendido debate que enfrentó a Vivas y Mohamed Ali con el contrato de Urbaser como objeto de la discordia, Yolanda Bel, portavoz del Gobierno y consejera de Medio Ambiente responsable de la polémica decisión, cambió repentina y sorpresivamente de discurso. Una vez más, y van varias en las últimas semanas (Manzana del Revellín, obras del soterramiento...), el Gobierno ofrece una versión diametralmente opuesta a la anterior.

Cuando ya se daba por sentado, así lo anunció la propia consejera y así lo hizo suyo el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que, a cargo a las arcas municipales, se iba a sufragar la subida del convenio de la limpieza -en el caso concreto de Urbaser, por encima del IPC-, Yolanda Bel admitió ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que dicho extremo "no es seguro", y que todo depende de lo que diga la comisión mixta entre Ciudad y empresa. Un órgano, a dos bandas, que habrá de valorar cuánto supone que el Gobierno ceutí asuma el coste de las reivindicaciones de los 450 trabajadores de la sociedad privada Urbaser, participada por Dragados y ACS. Y es que la Ciudad se ha comprometido públicamente a asumir gastos sin saber exactamente cuánto habrá de pagar.

El Consejo de Gobierno, explica la interesada, ha recibido el informe de la Presidencia de la Ciudad en el que se detalla la participación de Yolanda Bel en la negociación del convenio, según el texto por orden expresa de Juan Vivas.

El objetivo, asegura el informe, benevolente con la actuación de Bel, era mediar entre las partes ante "la constatación de las grandes diferencias" que podían "consumar la huelga". El mismo informe técnico indica que Bel estuvo en todo momento asesorada por un técnico de la Intervención de la Ciudad y que se manifestó a las partes que se podría autorizar un "crecimiento moderado y razonable" de los precios del contrato con Urbaser por encima del IPC.

Una cifra que finalmente ha quedado en un 5 por ciento en cuatro años, fecha de finalización del contrato actual, y que según la propia Bel "entra dentro de los límites de la prudencia".

Tanto el interventor como la secretaria general, admitieron el pasado viernes durante la sesión plenaria (interpelados por Mohamed Ali) que no habían redactado informe alguno para avalar la decisión de la Ciudad.

En el supuesto de que la Ciudad afronte definitivamente dicho pago, Yolanda Bel reiteró, como sucediera en el Pleno, que en ningún momento supondrá una beneficio industrial para Urbaser.

Por otro lado, la consejera no teme que esta decisión de intervención en un conflicto laboral pueda sentar un peligroso precedente, una posibilidad de la que avisó UDCE-IU en el Pleno. Bel lo rechazó tajantemente, ya que esta medida "afecta ya a todas las empresas del sector", y a que una reacción similar en las empresas municipales o en aquellas que prestan un servicio público es "imposible" ya que "son ámbitos distintos".

En respuesta a la preguntas de los periodistas sobre en qué situación quedan el resto de empresas del sector, que algunos casos también tienen contratos con la Ciudad, Bel aseguró que "de momento" no se revisarán como sucede con el de Urbaser, sino que cuando se firmen nuevos contratos, las compañías deberán adaptar sus ofertas a los nuevos salarios que tendrán que abonar a sus trabajadores. Bel restó importancia al gasto para las arcas municipales que supondrá subir las nóminas en el resto de empresas de limpieza, ya que son tan sólo 35 trabajadores.