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Hace un par de años una empleada del hogar marroquí se cayó por la ventana de la casa en la que trabajaba mientras estaba limpiando, pero salió ilesa del accidente, recuerdan en Comisiones Obreras. Por suerte, en la última década apenas se han producido incidentes con desenlace fatal entre los más de 3.000 extranjeros irregulares que como camareros, cocineros, limpiadoras y trabajadores de la construcción (unos 1.500) trabajan diariamente en Ceuta. Precisamente por eso, la confianza en que nada podía malo suceder ha imperado entre los numerosos empleadores que permiten que estos extranjeros estén desarrollando una labor a su cargo sin permiso laboral. Los sindicatos piden más firmeza en las actuaciones del servicio de Inspección de Trabajo. Y evitar así que la lentitud de la burocracia haga que las denuncias por contratar mano de obra ilegal lleguen demasiado tarde.

"Entre la ciudadanía común hay mucho desconocimiento de que si le pasa algo al marroquí irregular que tiene trabajando en su casa o en su negocio, en último caso podría ir a la cárcel por contratar ilegales", advierte Antonio Gálvez, portavoz de acción sindical de CC. OO. Para subsanar esta situación, Eloy Verdugo, responsable de riesgos laborales de UGT propone que el Ministerio de Trabajo permita el control y seguimiento no sólo en los negocios privados, también en los hogares. Pero mientras no sucede, "hay que doblar las intervenciones para favorecer la seguridad de los trabajadores en un ámbito legal", exige Verdugo.

En 2005, el ex ministro del ramo Jesús Caldera desarrolló una regularización masiva de inmigrantes en España que en Ceuta apenas rozó al 1 por ciento. A fecha de abril de aquel año, de los 1.933 irregulares registrados sólo se había solicitado la normalización de siete personas (0,3 por ciento). "A pesar del esfuerzo estatal, los resultados no fueron muy halagüeños, no se lo tomaron muy en serio", lamentan.

Los sindicatos dicen sentirse indefensos en sus denuncias. En 2008, Comisiones ha presentado catorce quejas, pero aún están a la espera. Y es que el plazo para comprobar que un empresario tiene a su cargo empleados irregulares es de seis meses. "Es un plazo excesivo que impide que se pueda verificar porque ya es demasiado tarde", critica Gálvez.

Por eso, puestos a ofrecer soluciones, CC. OO. y UGT coinciden en que se doble la plantilla de Inspección de Trabajo (actualmente son tres inspectores y tres subinspectores); se incrementen las intervenciones; dispongan de un vehículo propio del que ahora mismo carecen y haya personal de servicio también los festivos. Gálvez dice que la disponibilidad debería ser de 24 horas al día y Verdugo va un paso más allá. "Un equipo de control en la frontera pidiendo contratos de trabajo reduciría a la mitad las entradas masivas y entrarían en Ceuta en condiciones dignas".