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Hace justo un mes que A. D. R., marroquí de 58 años, falleció mientras trabajaba en el tejado de uralita de una nave en suelo portuario al ceder la techumbre y precipitarse desde una altura de seis metros. Carecía de contrato y los sindicatos levantaron la voz de alarma por la predisposición de algunos empresarios de tener a sus empleados en condiciones más que irregulares -3.000 sin papeles, según Comisiones Obreras-. Era el segundo accidente laboral en menos de cuatro días, pero hasta la fecha en Ceuta hacía años que no se producía ningún incidente tan grave. Sin embargo, el Gobierno ceutí se ha puesto las pilas y ya estudia la creación de una unidad de salud laboral que revise, en apoyo de la Inspección de Trabajo, el panorama local en materia de prevención.

El órgano, que aparece entre las propuestas del I Plan de Salud de la Ciudad Autónoma 2008-2011, tiene objetivos muy específicos. Su puesta en marcha implicaría la realización de estudios epidemiológicos sobre la siniestralidad laboral y la elaboración de un mapa de riesgos en el trabajo, con especial énfasis en los sectores servicios y construcción.

Para desarrollar la unidad, la Consejería de Sanidad trabajaría codo con codo con el Imserso, la Confederación de Empresarios, los sindicatos, las mutuas y los servicios de prevención. En base a la información recogida, con estos primeros análisis comenzaría la redacción de un programa formativo para las empresas de la ciudad autónoma. Y es que aunque los accidentes con resultado de muerte en Ceuta han sido escasos en la última década, la gravedad de los incidentes supera la media nacional española (70 por ciento frente a 60). Los casos que, sin embargo, quedan muy por debajo de esos porcentajes son los llamados "in itinere", esto es, mientras se producen los desplazamientos al trabajo, pero se justifica por las reducidas dimensiones de la localidad.

Aún así, la falta de datos consistentes sobre salud laboral en la ciudad parece, a priori, la razón que ha podido motivar al Gobierno local a plantearse la creación de una unidad específica.

Así, con el objetivo de promover un entorno laboral saludable, la Ciudad tratará de desarrollar las competencias de la Consejería de Sanidad en esta materia. Si el proyecto sale bien, mediante "la promoción de información, formación y participación" de los trabajadores y los empresarios en relación con la salud, el Gobierno contribuiría a la labor de prevención de la Inspección de Trabajo.

El análisis de las acreditaciones de los servicios de prevención en lo relativo a vigilancia de la salud entrañaría otro de los cometidos del citado órgano. Una vez esté coordinado con las distintas instituciones implicadas en la elaboración del mapa de riesgos, sólo quedaría atajar ahí dónde más problemas se detecten.

Cuando falleció A. D. R., los sindicatos advirtieron de que la Inspección de Trabajo tenía que doblar esfuerzos para investigar y, sobre todo, prevenir, este tipo de accidentes mortales. Tanto UGT como CC. OO. exigieron que se aumentase la plantilla y que dispusiesen de un vehículo propio del que por ahora carecen. El proyecto de la Ciudad tiene hasta 2011 para ver la luz. Mientras tanto, es un embrión de salud laboral.