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El choque entre la Policía Portuaria y la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local que se vivió en la noche del miércoles va a ser un punto de inflexión. Y no sólo en las relaciones entre ambos Cuerpos. El escenario es tal que ha acabado trascendiendo al propio suceso, escenificado con la detención del jefe de servicio de la Policía Portuaria, C. S., por un delito de desobediencia.

Todo puede quedar así. O lo hechos pueden acabar transformándose en una acusación por un delito de detención ilegal, ya que la UIR podía haber saldado la cuestión con una denuncia en lugar de llegar a la detención. A lo mejor se dan ambos casos. Todo depende del juez. Pero lo que parece claro es que el caso va a servir para delimitar las competencias de ambas administraciones en los terrenos de dominio público portuario.

De momento, el jefe del Gobierno local, Juan Vivas, y el presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, se reunirán mañana. Fuentes del Consejo de Administración del Puerto ponen en entredicho la validez de los acuerdos que en esta cita puedan alcanzar Vivas y Torrado. Y no ya porque el presidente de la Autoridad Portuaria sea nombrado por el jefe del Ejecutivo ceutí, sino por una cuestión legal.

«La última palabra la tiene Puertos del Estado», explican estas fuentes. «Es -continúan- como si el delegado del Gobierno acordara con el presidente de la Ciudad la cesión de un cuartel. El delegado no podría alcanzar ese acuerdo por muy representante que sea del Gobierno de España, porque el cuartel es terreno militar y si el Ministerio de Defensa no firma la cesión, da lo mismo lo que quiera el delegado del Gobierno. Lo mismo le ocurre al presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, el terreno no es del Puerto de Ceuta, sino de Fomento», ejemplifican.

La ley establece que una ocupación temporal de una zona portuaria requiere la autorización del director del Puerto, pero si es de manera definitiva, debe obtener el visto bueno de Fomento.

Desde el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazan las palabras del presidente de la Ciudad, que el viernes se puso de parte de la UIR por ser la avenida Cañonero Dato (el lugar del suceso) «zona urbana». Entonces «por qué las naves que allí son una concesión administrativa del Puerto y por qué la limpieza, el resto de servicios y el mantenimiento de esta zona lo paga el Puerto», razonan.

Y es que los terrenos de dominio portuario no sólo comprenden el recinto vallado donde está la estación marítima. Desde Cañonero Dato hasta playa Benítez, el Poblado Marinero, los bajos de la Marina e incluso unas viviendas situadas cerca del hospital son propiedad del Puerto, es decir, del Estado.

Las mismas fuentes lamentan el hecho ocurrido el miércoles. «Todo se podía haber evitado de una manera sencilla. Si la UIR hubiera llamado por teléfono, se le habría autorizado a hacer el control, seguramente no en esa zona para evitar que los vehículos que bajan del ferry sufran un nuevo control policial, pero sí en otro lugar, aunque hubiera sido terreno portuario. Pero parece que esto era algo que tenía que pasar tarde o temprano, y ha ocurrido casi de la peor de las maneras posibles: con la detención del jefe de servicio de la Policía Portuaria y sin que la UIR permitiera que éste avisara de su detención para que se nombrara a un nuevo sustituto».