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La nueva ordenanza reguladora de actividades económicas e industriales de Ceuta recibirá hoy, en Pleno extraordinario, las correciones oportunas para que PSOE y UDCE-IU apoyen al Gobierno Autónomo en este proyecto que ya aprobó en solitario la semana pasada, pero que contó con la oposición frontal del resto de partidos políticos. Para el grupo parlamentario socialista, la convocatoria expresa "la precipitación con la que el Gobierno actúa en todas las facetas de su gestión" y que se materializa en esta particular "fe de erratas". UDCE, a través de Mohamed Ali, ya advirtió el pasado lunes que las sanciones de hasta 3.000 euros son "excesivas" y, plantean alegaciones.

Y mientras los políticos deciden el enfoque de la ordenanza, los principales afectados, los comerciantes, se muestran más receptivos. En el caso concreto de los setenta empresarios de ropa usada, muy afectados las últimas semanas por la apertura de fardos en la Aduana, dice su portavoz, Francisco Sánchez, que están "dispuestos a colaborar".

Sánchez asegura que hace cuatro días que el clima de nerviosismo está templándose porque las comprobaciones de bolsas ahora se hacen por igual a ropa nueva o usada, "sin menospreciar a nadie". En su opinión, las multas de 3.000 euros serán "una buena medida" para los que incumplan la Ley.

Para el grupo parlamentario socialista, la actitud del Ejecutivo local con esta ordenanza es una "reacción a la contundente" intervención de su portavoz Inmaculada Ramírez, en el último pleno ordinario. Según señalan, "puso en evidencia el caos en todos los sentidos que es la ordenanza de polígonos y el gobierno de la Ciudad, tanto en sus aspectos formales como sustantivos". Para los socialistas, la respuesta es este pleno que "no va a abordar las cuestiones fundamentales y las deficiencias" de la ordenanza. Y, "en vez de reflexionar y plantearse seriamente las cuestiones que les planteamos", el gobierno del Partido Popular hace "lo único que sabe hacer", "recurrir a lo extraordinario y a lo urgente para maquillar una ordenanza que necesitaría de la más profunda transformación", critican.

Y mientras parece que los políticos no se ponen de acuerdo y los comerciantes del Tarajal sí, hoy se celebrará también una reunión entre miembros de la Cámara de Comercio, empresarios y representantes de la Ciudad para analizar en privado el asunto. "Nosotros estamos satisfechos porque hemos visto como el Gobierno reaccionaba a nuestras peticiones. Ahora todo es más flexible y ya no barajamos llevar a la Ciudad ante los tribunales", explica Sánchez.

Los comerciantes de ropa usada venían siendo las últimas semanas los protagonistas de parte del problema del Tarajal que el Ejecutivo había abordado inspeccionando fardos. Las críticas al sistema y el libre paso de las mercancias chinas abrieron un cisma con los empresarios.