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El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, anunció esta semana su intención de incluir en los pliegos de condiciones de las licitaciones de obra pública un cupo del 10 por ciento destinado a la contratación de personas en riesgo de exclusión. Una iniciativa más comúnmente llamada cláusula social que, según aclaró ayer ante la prensa el delegado de Gobierno, José Fernández Chacón, procede de una directiva europea que busca ayudar a los más desfavorecidos. Sin embargo y a pesar de resultar cada día más habitual, Chacón aprovechó la oportunidad para pedir que la propuesta "cumpla con la legalidad vigente". Esto es, que se ciña a la ley 30/2007 de Contratos Públicos.

Aunque evitó pronunciarse hasta que la Ciudad tenga diseñado el texto definitivo, subrayó como condición indispensable que la medida respete la ley. "Saludo este tipo de cláusula, de hecho hay ayuntamientos que ya están planteando esto mismo en el resto del territorio, pero siempre sujeto a la Y", insistió el delegado, antes de puntualizar que supone que "lo habrán tenido en cuenta".

La iniciativa propuesta iría en beneficio de los parados de larga duración o sin empleo anterior. Un porcentaje que reduce el cupo inicialmente anunciado, del 20 por ciento, y muy por debajo de los propuestos por UDCE-IU que ya planteó esta posibilidad, tal y como ya adelantó SUR. Así, aquellos parados inscritos en el Inem y que pertenezcan a los colectivos de riesgo (sin empleo anterior, sin formación, mayores de 45 años o menores de 25) serían, en principio, los beneficiarios directos de la medida social.

La nueva iniciativa, que será una condición inexcusable incluida en el pliego de condiciones obliga a la Consejería de Hacienda a desarrollar un nuevo plan de inversiones aunque Vivas reconoció que será necesario buscar nuevas fuentes de financiación ya que los fondos europeos y de compensación interterritorial están ya adjudicados.

Una medida, esta cláusula social, que ha traído cola en la oposición. ya que tal como denunció el líder de UDCE-IU, Mohamed Ali, había salido de su grupo parlamentario, aunque la presentase el consejero de Economía, Guillermo Martínez.

Desde UDCE-IU han lamentado la actitud del Gobierno ante lo que consideran una actuación "deshonrosa" ya que se trata de una medida que ya hicieron pública a través de este medio y que esperaban ofrecer a la Asamblea en un próximo Pleno. El enfado del grupo político no favorece la ya de por si enfriada relación parlamentaria.