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El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno, a propuesta de la Consejería de Fomento, a la concesión de una licencia para la construcción de 130 viviendas, locales, garajes y trasteros en la calle Manuel Fernández Benítez, a espaldas del edificio principal de Cruz Roja.

Según el portavoz del Ejecutivo local, la edificación de esta promoción, unido a la rehabilitación del antiguo hospital para que albergue las dependencias de la Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio, va a permitir dar un impulso a la zona y, en un plazo aproximado de dos años, cambiarle la degradada imagen que tiene. Y es que, además, en estos terrenos, la Ciudad Autónoma tiene pensado también construir una plaza pública con un aparcamiento subterráneo, por lo que las inmediaciones experimentarán un "cambio radical" que aumentará su valor "urbanístico y de servicios para los ciudadanos".

Por otra parte, la Consejería de Fomento también presentó al Consejo de Gobierno una propuesta, que había recibido previamente luz verde en la comisión correspondiente, para que la Ciudad Autónoma adquiera los terrenos de la actual carretera de conexión entre la Ml-300 y la Purísima Concepción. Como explicó Conesa, se trata de un vial que ya ha sido acondicionado por el Gobierno local y que pasará a manos de la Ciudad por importe de 141.000 euros.

A pesar de tratarse de una carretera de pequeñas dimensiones, subrayó que es muy importante, ya que permite enlazar la carretera de circunvalación con la de Alfonso XIII a través de la de la Purísima Concepción, "una intersección en la que el Gobierno local está construyendo una rotonda para regular el tráfico existente y el que se producirá con el paso de los años cuando los acuartelamientos se trasladen a la base única de Alfonso XIII y aumente el tránsito de vehículos".

En cuanto a la Consejería de Medio Ambiente, al margen de la aprobación de licencias de apertura de establecimientos, el Consejo de Gobierno estudió la propuesta de pliego de condiciones para la contratación de una empresa que se encargue de gestionar por un periodo de dos años, prorrogable a otros dos, la lectura de los contadores de agua de la ciudad. Una vez que el contrato con la actual empresa está llegando a su final, el Ejecutivo local debe convocar un nuevo procedimiento por valor de 417.000 euros al año, contrato que se publicará en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas durante un plazo de 55 días.