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Sólo tres de cada cien abortos se practican en centros públicos de España, una atención que se restringe a malformaciones severas del feto y que en mayor número se efectúa en Valencia, Cantabria, País Vasco y Galicia. En el caso de Melilla no existe prestación pública alguna para practicar abortos como tampoco hay clínicas privadas destinadas a tal fin.

Esta una de las principales conclusiones del informe sobre el acceso al aborto en España elaborado y presentado este jueves por las clínicas acreditadas para realizar abortos asociadas en ACAI y el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE).

Sin embargo, según las cifras oficiales, el dato es incluso menor, el 2,51 por ciento. Los últimos datos al respecto del Ministerio de Sanidad y Consumo son los de abortos en 2006 ofrecidos el pasado enero.

Este estudio revela que en las comunidades autónomas de Navarra, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no existe ningún servicio público que efectúe abortos.

La portavoz de ACAI, Francisca García, ha afirmado que el 43 por ciento de las mujeres es informada sobre una posible interrupción del embarazo en un servicio público, un porcentaje que alcanza el 75 por ciento en Andalucía frente a Canarias y Asturias, comunidades donde según menos se informa a las mujeres sobre el aborto.

El informe, que analiza datos públicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas relativos a 2005, concluye que la mayoría de regiones, salvo Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla, cuentan con centros privados para atender a las mujeres que decidan abortar antes de las 12 semanas de gestación (el 90 por ciento de abortos, según estas organizaciones).

Por el contrario, existe una menor oferta cuando el tiempo de gestación supera esas 12 semanas, lo que obliga a las mujeres a viajar a las comunidades que cuentan con estos centros -Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Valencia-.

En lo relativo a la financiación, García ha dicho que "el ejemplo a seguir" es el modelo del sistema público de salud andaluz de conciertos con centros privados para la prestación del aborto.