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La Ciudad Autónoma ha aprobado una partida presupuestaria de 200.000 euros destinada a asociaciones sin ánimo de lucro que fomenten la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. Las acciones formativas y de trabajo se dedicarán principalmente a las personas con discapacidad, aunque también se valorarán las iniciativas destinadas al resto de colectivos en riesgo, como las mujeres víctimas de la violencia de género, los mayores de 45 años o los titulados en búsqueda de su primer empleo

El Consejo de Gobierno aprobó el viernes las bases reguladoras de esta convocatoria pública que, por tercer año consecutivo, buscan fomentar y aumentar la participación de todos los colectivos sociales en el mundo laboral.

La Consejería de Economía, Empleo y Turismo será la encargada de baremar y conceder la subvención a las asociaciones cuyos proyectos potencien, en la manera de lo posible, esta acción social y económica.

El consejero de Economía y Empleo, Daniel Conesa, resaltó la importancia de esta iniciativa que pretende apoyar de manera contundente a los sectores más desfavorecidos. Conesa aseguró que, aunque la oferta está abierta a numerosos colectivos, desde el área que dirige se primará especialmente a los proyectos de formación e inserción laboral para personas con discapacidad, un sector de la población que acumula más de un 80 por ciento de paro tanto en Melilla como en toda España.

La búsqueda de empleo, tarea complicada para cualquier ciudadano, se vuelve aún más dificil para un demandante con alguna discapacidad. Según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), hay 3,5 millones de españoles que presentan algún tipo de minusvalía física o sensorial.

La ONCE recoge en un estudio que sólo uno de cada cuatro discapacitados en edad laboral tiene trabajo, aunque los datos varían en función de el tipo de minusvalía de cada persona. Así, el desempleo incide con mayor intensidad en el grupo de personas con enfermedad mental, con el 48 por ciento en paro, y en el de discapacitados intelectuales, entre los cuales la tasa de desempleo alcanza el 44por ciento. En el colectivo de discapacitados orgánicos el paro se sitúa en el 38 por ciento.

Por el contrario, la menor incidencia del desempleo entre las personas con discapacidad se registra, según la ONCE, entre los que tienen algún problema de tipo sensorial o físico.

Por otra parte, el estudio señala que el colectivo analizado se caracteriza, en líneas generales, por un bajo nivel de formación reglada: el 34 por ciento carece de estudios, el 38 por ciento tiene sólo los primarios, el 28 por ciento ha cursado los secundarios y el 10 por ciento tiene alguna licenciatura o diplomatura. El 24 por ciento de las personas que han participado en el estudio afirman haber realizado cursos de formación ocupacional.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales asegura que las personas con discapacidad tienen un índice de paro dos o tres veces superior al resto, aunque destaca que, gracias a programas como los que subvenciona el Fondo Social Europeo, la inserción se está agilizando. El Ministerio de Trabajo señala que los incentivos para contratar minusválidos son numerosos y prueba de ello es que la Ley de Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad prevé un 90 por ciento de bonificación en la seguridad social para mujeres mayores de 45 años con discapacidad y un 80 por ciento en el caso de que sean menores de esta edad.