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Desde julio de 2005 existe un Protocolo de Actuaciones en el INGESA para los casos de agresión El Gobierno inició en la pasada legislatura un proceso que tenía como fin tipificar como delito de atentado las agresiones que se registraran contra el personal sanitario y docente en sus respectivos puestos de trabajo con la idea de dar la máxima protección jurídica a estos dos colectivos ante posibles ataques. De hecho, hace ya algunos años que comenzaron a aparecer en toda España sentencias en esta misma clave. En Melilla, en concreto, se han emitido hasta el momentos dos ligadas al ámbito sanitario y una al educativo. En mayo de 2006 se publicaba la primera sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Melilla por la que se condenó a un agresor como autor de un delito de atentado a una pena de un año de cárcel y al pago de una multa de 1.200 euros, al estar ya así definido en el Código Penal vigente que, tipifica como atentado todas las agresiones al personal que desempeñe una función pública. En esta misma línea de actuación, en junio de 2008 el Juzgado de lo Penal nº1 de Melilla dictaba otra sentencia ante una denuncia interpuesta por el INGESA, a través del Protocolo de Protección al Personal Sanitario, por la que el denunciado ha sido condenado por un delito de atentado a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo que dure la pena. También al abono a la perjudicada de una indemnización de 600 euros en concepto de responsabilidad civil y a una multa de 150 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. En Melilla, este criterio es el que se viene siguiendo en todos los casos de agresión al personal, tanto sanitario como no sanitario, y que es compartido por los componentes del Ministerio Fiscal y por los jueces de Instrucción y de lo Penal de la ciudad.