Noticias Ya.com

El sindicato considera que ningún Estado miembro que haya apoyado la Directiva, puede sentirse satisfecho UGT considera una mala noticia para los ciudadanos europeos la decisión del Parlamento de la Unión Europea de aprobar definitivamente la directiva que establece un procedimiento común para el retorno de inmigrantes en situación administrativa irregular. Para el sindicato, éste es el peor de los comienzos en el camino hacia una política europea común en materia de inmigración ya que pone en cuestión los derechos fundamentales de las personas. El Parlamento europeo ha aprobado finalmente la Directiva por la que se establece un procedimiento común para el retorno de nacionales de terceros países en situación administrativa irregular. "Desde UGT no podemos por menos que señalar que ésta es una mala noticia para todos los ciudadanos europeos que pensamos que la Unión Europea ha de ser más que una unión económica. Ha de ser sobre todo una Europa social, basada en el reconocimiento y en el respeto de los derechos de todos". UGT considera que ningún Estado miembro que haya apoyado la Directiva, puede sentirse satisfecho. Si este es el inicio de la política europea de inmigración, es el peor de los inicios. Alcanzar un acuerdo entre todos los Estados de la Unión, no justifica en modo alguno que para ello hayamos renunciado a un mínimo respeto a los derechos humanos, a los derechos de los inmigrantes. En este caso, la ausencia de acuerdo hubiera sido la mejor de las noticias. "No puede aceptarse como justificación que la norma no obligue a los estados miembros a adaptar sus legislaciones o que signifique para algunos el establecimiento de límites donde antes no los había. Esto no son más que excusas, inaceptables cuando hablamos de derechos", señala el sindicato. "La posibilidad de internamiento, es decir de la privación de libertad, sin decisión judicial, de que este pueda tener lugar en centros penitenciarios y pueda durar hasta 18 meses, y sobre todo de que los menores puedan ser expulsados, e internados, configura un tratamiento pseudopenal donde además se ponen en cuestión derechos fundamentales".