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El Estado debe 7,5 millones de euros a la Consejería de Bienestar Social que, hasta la fecha, ha pagado todos los servicios sociales que se prestan en Melilla con cargo a la Ciudad Autónoma puesto que, desde que comenzó el año, no se ha producido "ni un solo ingreso" procedente de las cuentas del Estado. Lo dijo ayer la consejera María Antonia Garbín, quien instó a los socialistas locales a que "se interesen y se preocupen" porque la Administración central realice los correspondientes pagos a los Servicios Sociales en vez de "recriminar" su ausencia de el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, el pasado 16 de julio. La consejera se mostró sorprendida de la acusación de dejadez del secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, cuando, aseguró Garbín, "en esos momento estaba presidiendo, una comisión permanente de Bienestar Social y Sanidad en la que el grupo parlamentario socialista estaba representado".

María Antonia Garbín aseguró que la Ciudad está "aguantando pacientemente la situación" hasta el día de hoy, cuando acuda en Madrid a la Conferencia Sectorial de Reparto entre las Comunidades Autónomas para el capítulo de prestaciones básicas. La consejera apuntó que nunca antes de septiembre se recibirá un dinero "que debería estar a disposición del Gobierno autónomo desde principios de año".

Por otra parte, y a propósito de los menores acogidos por la Ciudad en el Centro de la Purísima, recordó la consejera de Bienestar Social que "si hoy hay menos que hace unos meses se debe a que los jóvenes intentan cruzar a la península ocultos en buques de carga". No obstante, aclaró que "este centro no es una cárcel", por lo que los chicos pueden entrar y salir cumpliendo los horarios que se establecen.