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"A diario nos llegan muchas personas para que les ayudemos con los formularios. En muchos casos hablan sólo dariya y tienen un mal castellano por lo que les mandan desde el Registro Municipal porque, según nos aseguran los usuarios, dicen que no les pueden rellenar el papeleo porque lo tienen prohibido". Y así es como el problema para leer, escribir y hablar de forma correcta el español de numerosos ceutíes toca a la Administración local que, poco a poco y de manera casi desapercibida, ha acabado convirtiendo a los asesores de los grupos parlamentarios en delegados del servicio público que se encarga del papeleo. "Cuando no se aclaran entre sí, nos los mandan y listo", resumen desde UDCE-IU.

Un formulario cualquiera sirve para que se produzca el encontronazo. Los papeles del empadronamiento o de una obra menor suponen un muro imposible de saltar por culpa de los límites del idioma y de la burocracia. Si los funcionarios dicen que no pueden, no queda más que añadir. En este contexto, la oposición aclara que su función de servicio social está garantizada porque están "para ayudar al que lo necesite". El problema surge cuando ese "goteo constante" de personas que no son atendidas por el órgano competente ralentiza su trabajo de fiscalizar la labor del Gobierno ceutí. "No es culpa del ciudadano porque ellos no vienen por su cuenta, lo hacen porque se lo dicen desde arriba", señalan en UDCE-IU.

Las dificultades de comprensión lectora de este tipo de usuario se dan de bruces con la rigidez del funcionamiento de la Administración local. "Si no sabe escribir bien y en Registro dicen que no se hacen cargo porque no se les permite rellenar los documentos, alguien lo tiene que hacer", esgrimen desde la oposición.

No obstante, advierten de que aunque es cierto que "en un setenta por ciento" de los casos son musulmanes de Ceuta y marroquíes que tienen problemas con el castellano, también existe un "treinta por ciento" de cristianos que "bien por ser ya de la tercera edad o por cualquier razón sin concretar", también acuden a los despachos de los grupos parlamentarios en el Palacio Autonómico, bajo recomendación expresa de Registro, según indican desde UDCE-IU. "Nunca nos vamos a negar a atender a un usuario, pero la Ciudad tiene que cambiar su sistema porque no es que dejemos de hacer nuestro trabajo para atender a la gente, es que el Gobierno local delega en nosotros y es una responsabilidad", agregan.

"No es una situación nueva, trabajamos de esta forma desde hace más de un año, pero tiene que haber un cambio", zanjan antes de advertir que tema puede que llegue al Pleno de la Asamblea.