Noticias Ya.com

Apenas 24 horas después de conocerse que, gracias a la denuncia del PSPC, las obras de la Manzana del Revellín vuelven a enredarse en un proceso judicial, los localistas echaron más leña al fuego de la polémica. El PSPC aseguró ayer, que según las consultas realizadas en el sector inmobiliario, la Ciudad habría inflado la valoración del alquiler del semisótano del complejo cultural destinado a albergar el Mercado Central de Abastos.

Según denunció ayer el PSPC en un comunicado de prensa, ha cotejado con servicios inmobiliarios el informe en el que se apoya la Ciudad para fijar el precio del alquiler de la planta semisótano de la Manzana del Revellín. "Los primeros datos recopilados apuntan a que la valoración no reúne los requisitos mínimos de rigor y objetividad exigibles", acusan.

Los fallos cometidos, "no se sabe si intencionadamente", remarcan, pasan por cinco olvidos del informe de valoración del precio del alquiler a pagar. "Ninguno de los locales seleccionados como testigo para determinar el valor del mercado es un semisótano", explican desde el PSPC, "son locales a pie de calle de, evidentemente, más valor". Además, según destacan los localistas, los testigos (locales tomados como ejemplo para la valoración) oscilan entre 60 y 140 metros cuadrados, muy lejos de los más de 3.500 metros cuadrados del semisótano del complejo cultural a alquilar. "La dimensión del local es también un factor determinante". Por otro lado, según las fuentes consultadas por el PSPC, la profundidad de los locales es un parámetro básico para determinar su valor, "dato éste que no ha sido computado", apuntan.

Por otro lado, se han utilizado en la mayoría de los casos el valor de la oferta, "que no puede ser considerado en ningún caso como un valor real mientras no se materialice la transacción". Además, los locales tomados como testigos están operativos y el semisótano está en obras aún "por lo que el coste debería restarse del valor de local".

Todos estos argumentos, avisan desde el PSPC, se adjuntarán a la demanda interpuesta en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo, al considerar que son decisiones que "vulneran el interés general y favorecen injustamente a una empresa privada.