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La culpa es del Inem. Así lo dice la portavoz del Gobierno, que lanza la patata caliente al tejado del servicio público de empleo al que responsabiliza de las contrataciones denunciadas por los sindicatos y el PSOE. Bel asegura que es responsabilidad del Inem el proceso de selección que dio luz verde a los dos recientes contratos del hermano del consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, y de la destacada militante del PP, Meriem Hamido, miembro del consejo editorial de la "Gaceta Popular".

La portavoz del Ejecutivo local, alega, a preguntas de los periodistas, que "se trata de una administración que no es la mía", dice en referencia a la Administración General del Estado. "Y no voy a a preguntar al Inem cómo hace su trabajo", subraya. Además, Bel ha respondido a los sindicatos que "no pondrán en duda" la legalidad del proceso de selección llevado a cabo desde el Inem y explica que el servicio de público de empleo realiza sus selecciones "con total transparencia" y traslada sus decisiones a Recursos Humanos. Aunque el proceso no es exactamente así.

Y es que, según estipula el convenio único de la Administración Pública, el Inem se encarga de la preselección, facilitando los demandantes de empleo que se ajustan al perfil de la oferta de trabajo y es la Ciudad la responsable de hacer la selección. El caso es que en las dos últimas contrataciones sólo un perfil se ajustaba a lo solicitado desde la viceconsejería de Recursos Humanos, por lo que el Inem sólo trasladó un candidato por puesto: el hermano del consejero y la destacada militante del PP.

Por otra parte, Comisiones Obreras denuncia que el Gobierno de la Ciudad se ha saltado la normativa al respecto que establece el Estatuto del Empleado Público al eludir la participación de los sindicatos en el proceso de selección de personal. "Se lo han saltado a la torera", lamentan.

Estos dos polémicos contratos, seleccionados a través del Inem, son dos ejemplos del nuevo modus operandi en la política de personal de la Ciudad después de la clausura por "obsoletas" de siete bolsas de trabajo abiertas hace siete años. Un sistema que los sindicatos han amenazado con llevar a los tribunales.

Bel alega en respuesta a los sindicatos que la decisión se toma porque las bolsas estaban "obsoletas" ya que tenían una antigüedad de siete años y muchas personas que han obtenido la titulación o formación en ese período no estaban ya registradas. Motivo por el que se ha decidido acudir al Inem, que tiene un mayor registro de demandantes. Por su parte, el consejero de Recursos Humanos explica que el sistema elegido es más sencillo y ágil ya que se trata de contrataciones eventuales por tres meses.