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La Junta de Extremadura ha puesto un suspenso al Ayuntamiento de Cáceres por el Plan de Urbanismo presentado. Le ha puesto un suspenso pero permite que se presente a la repesca y le dice incluso lo que debe corregir para aprobar el examen. Son un centenar de correcciones, algunas meras erratas o fallos de forma, y otras de más calado, fundamentalmente la excesiva previsión de suelos urbanizables y de crecimiento en población y en viviendas. La alcaldesa acepta el suspenso ya que ella no fue la que se presentó al examen. Fue al anterior equipo municipal, del PP, ahora en la oposición. Por eso es el PP el que pone el grito en el cielo y dice que la Junta no es nadie para decir al Ayuntamiento de Cáceres cómo debe diseñar su crecimiento urbano. Por su parte, la alcaldesa Heras acepta el dictamen y anuncia que se pondrá manos a la obra para hacer las correcciones necesarias con el propósito de que antes o después del verano pueda estar listo el nuevo documento. Espera que este mismo año, por fin, la Junta pueda aprobar definitivamente el Plan General Municipal (PGM). Para ello debe jugar con la frágil mayoría de que dispone, basada en los apoyos de IU y Foro Ciudadano, que en algún punto pueden discrepar, como la operación de El Corte Inglés. Pavón ya avisa de que sigue viéndola ilegal.

Corresponde al consejero de Fomento de la Junta de Extremadura pronunciarse sobre el plan, previa deliberación de la comisión regional de Urbanismo. Ésta se reunió con la presencia del consejero, José Luis Quintana, y la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, ya que la convocatoria tenía carácter extraordinario y con un único fin: analizar el PGM de Cáceres. Por ello también asistieron como invitados, además de la alcaldesa, sus socios de Gobierno, Santiago Pavón, de IU, y Felipe Vela, de Foro Ciudadano.

En realidad, la comisión escuchó lo que ya se venía anticipando por parte de los responsables de Urbanismo del Gobierno regional, esto es que resultaría imposible aprobar el PGM cacereño debido a lo sobredimensionado de sus previsiones de crecimiento en suelos urbanizables, número de viviendas y, por consiguiente, en población. A ello se había referido en los últimos meses el propio Quintana, quien advertía de un "crecimiento desmesurado", que se traduce en haber dibujado una ciudad con 325.000 habitantes en un horizonte de 10 o 15 años y con 33.000 nuevas viviendas en este mismo plazo. La cifra supera las 50.000 viviendas en un horizonte mayor, a 25 años. Con estos números, la Junta no ve que se cumplan las exigencias legales de los criterios de "sostenibilidad" que persigue la Ley del Suelo.

Son argumentos expuestos en la comisión por parte del director general de Urbanismo y que volvió a repetir Quintana después, al anunciar que desde este momento la tramitación del PGM queda "en suspenso", a la espera de que el Ayuntamiento, una vez que reciba los informes técnicos que fundamentan esta decisión, haga las debidas correcciones de todo lo que se le indica. En total, son 107 puntos, relativos a deficiencias que hay que salvar.

La alcaldesa se empeñó en resaltar que no se trata de que la Junta haya "devuelto" el PGM al Ayuntamiento para que haga uno nuevo en su totalidad sino que tan sólo dice que hay que corregir algunos contenidos y previsiones. Todos los puntos le parecen a la alcaldesa, al igual que al consejero, "perfectamente subsanables". Por ello afirma que nada más recibir los informes de la Junta se pondrán a trabajar los técnicos y los responsables políticos municipales. Su idea es hacer las correcciones "lo más pronto posible", para que Cáceres pueda tener su plan este mismo año.

Básicamente, la principal carencia del PGM se refiere a ese "crecimiento desmesurado" que no cumple los criterios de sostenibilidad. La Junta alude a un crecimiento del 285 por ciento en número de habitantes con un horizonte de 15 años. Por ello la Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe negativo y dice que no puede garantizar suministro para tanta población, ni siquiera con la obra del trasvase. En 15 años se supera la capacidad de suministro previsto para 42 años.

La Junta no dice, porque no le corresponde decirlo, cuántas viviendas o cuánto suelo hay que recortar para cumplir los principios de sostenibilidad. El consejero incluso llegó a indicar que se pondrían mantener las previsiones, pero equilibrando y atemperando los desarrollo de los suelos urbanizables para evitar crecimientos bruscos. En todo caso, al dictaminar sobre los espacios libres que crea el PGM se alude directamente al crecimiento exagerado de suelos urbanizables como consecuencia de declarar zonas verdes en la Montaña y Sierrilla que serían cedidas al Ayuntamiento a cambio de compensar a los dueños con derechos de edificación en otras zonas.

Son unas 140 hectáreas en la Montaña y otras tantas en la Sierrilla. Si el Ayuntamiento se hace con ellas, debe compensar a los propietarios con más de 12.000 viviendas en nuevos suelos urbanizables. La Junta dice que tal cantidad de espacios libres (sistemas generales) es inviable para ser gestionados con cargo al Ayuntamiento (hacer y mantener los parques) y que además se multiplica por cinco el porcentaje mínimo de espacios libres recogido en la legislación. También advierte de que habría que indemnizar a propietarios que tienen en la Montaña y la Sierrilla casas consolidadas.

Sobre las 1.700 viviendas contempladas, como segundas residencias, en Arroyo-Malpartida, la Junta advierte de que el PGM no establece medidas correctoras sobre el impacto de estas construcciones en cuanto a viales, saneamiento, conexiones, servicios, etcétera. Aunque no lo puede decir claramente, la Junta no ve bien esta previsión de viviendas. Tampoco considera correcto que haya sectores urbanizables con un tamaño "excesivo", como el de las inmediaciones del ferial, con 7.000 viviendas. Dice que así no podrían acceder a hacer las obras de urbanización las empresas locales sino sólo las grandes constructoras.

Además de pedir que se incluya un estudio de edificabilidad residencial de las distintas zonas de ordenación urbanísticas, con número de viviendas previsto en las áreas de planeamiento, se indica que es necesario establecer las prioridades por sectores y aclarar cuándo deben ir ejecutándose.

Sobre la operación de El Corte Inglés, la Junta dice claramente que es posible la ubicación del centro comercial en el solar de las Carmelitas, pero se especifica que las cesiones previstas a la ciudad por los promotores de la operación no se adaptan a las exigencias de la Ley del Suelo. Por ello se pide que se recoja como compensación de los promotores a la ciudad la entrega de un total de 18.406 metros cuadrados en lugar de los 11.000 previstos.

El dictamen de la comisión de Urbanismo fue analizado también por los socios de Gobierno de Carmen Heras: Felipe Vela y Santiago Pavón. Ambos discrepan sobre el alcance de tal dictamen. Vela dice que no hay devolución del PGM, al menos "a priori", por lo que no se incumple el pacto municipal firmado con el PSOE. Afirma que Foro Ciudadano (FC) estudiará los informes de la Junta para tener una opinión más formada y considera que hay que trabajar con celeridad para hacer las correcciones necesarias. Incluso cree que el PP, al haber sido el que hizo el PGM, tiene responsabilidades políticas para colaborar en la solución de deficiencias. Espera que haya "puntos de encuentro" entre el PP y FC.

En cambio, Pavón, de IU, cree lo contrario, esto es que la Junta sí ha devuelto el PGM al Ayuntamiento "para deshacer el desaguisado que dejó el PP". Sigue pensando que el PGM es "escandaloso en algunos aspectos" y que deberá ser "seriamente corregido y con rigor, por encima de las prisas". Pero deja entrever posibles discrepancias con el PSOE y FC en relación con El Corte Inglés. Pavón cree que no es suficiente aumentar las cesiones de suelo para hacer legal la operación en las Carmelitas: "veremos si puede ser legal", advierte y añade que sigue viéndolo ilegal.