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La ordenanza municipal reguladora de campamentos y acampadas en el término municipal de Badajoz será dura con quienes permitan los asentamientos ilegales. El texto establece multas de hasta 150 euros para quienes hagan la vista gorda a este tipo de campamentos en sus terrenos o sean los titulares de las redes de energía eléctrica y agua a las que se enganchen los asentados para conseguir el suministro.

Así, se pretenden evitar los asentamientos ilegales de temporeros para la recogida de fruta o los dedicados a la actividad ganadera, que en la ciudad se suelen reunir en la frontera de Caya o en las márgenes del río.

La norma será expuesta para información pública durante un periodo de 30 días toda vez que el lunes sea aprobada en la sesión de Pleno ordinaria prevista. Después será aprobada de forma definitiva.

El capítulo sancionador establece que el promotor de la acampada o, de no existir, los mismos acampados deberán afrontar multas de hasta 30 euros por persona acampada. Sin embargo, la sanción se puede incrementar hasta 150 euros para quienes produzcan deterioro del mobiliario urbano o ensucien de forma indiscriminada la zona de acampada o alrededores, independientemente de que la reparación de los daños corra por cuenta del infractor. También recoge sanciones de hasta 150 euros si han efectuado conexiones a las redes de agua potable y alumbrado público sin la debida autorización.

La ordenanza otorga el carácter de promotor al propietario de la parcela, local, nave o pabellón donde se ubique el asentamiento o al que se conecte funcionalmente el campamento. También lo será el titular de la acometida de agua potable o energía eléctrica a la que estuvieran enganchados para su suministro.

La norma recoge que la presunción de la condición de promotor puede destruirse al denunciar su existencia y la solicitud del desalojo. De esta manera, se establece la obligatoriedad de denunciar ante el Ayuntamiento por parte de quienes puedan ser considerados promotores.

La ordenanza establece un plazo máximo de 72 horas para desmantelar el asentamiento y recoge el "auxilio de la fuerza pública" si es necesario.

Así, la norma, que sigue el modelo recomendado por la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, prohíbe los campamentos y acampadas libres fuera de los establecimientos turísticos en el término municipal.