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Cuando se cumple un año de la presentación del proyecto de "pequeña ciudad" diseñada por el prestigioso arquitecto portugués Álvaro Siza sobre los terrenos de la cantera de Olleta, el Ayuntamiento se dispone a iniciar una reclamación judicial de parte de esos terrenos por entender que son de su propiedad y no de la empresa de la cantera.

El proceso de reclamación, primero en la vía administrativa y después en la judicial, se inició, con una reunión del concejal de Hacienda, Lorenzo Calle, y los servicios técnicos. Sobre la mesa no sólo está el terreno de Olleta, la finca El Tinajón, sino todos aquellos bienes que constituyen el patrimonio municipal y que el Ayuntamiento considera que han sido usurpados por particulares. Hay también caminos públicos en la Montaña y otros terrenos de titularidad pública que el Consistorio quiere defender como suyos. Este mismo empeño se dirige a la recuperación de la Torre de los Púlpitos, en la Muralla. En el caso de la cantera de Olleta, resulta significativa esta reclamación porque se suma a otros litigios judiciales que han revelado que la cantera carece de las licencias municipales para poder funcionar. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo en sentencia hecha pública el pasado mes de noviembre.

Sin licencia y, además, ocupando parte de los terrenos municipales de la finca El Tinajón. Es la situación de la cantera, una situación que se presenta como poco propicia para que el Ayuntamiento negocie con los propietarios de esta industria el traslado de la explotación a otro lugar con la compensación de una recalificación de los terrenos para hacer la urbanización de 3.500 viviendas de precios asequibles (incluidos un millar del plan de 60.000 euros).

Un año después de esa presentación del proyecto (en principio preveía casi 5.000 viviendas), que contó con la asistencia del propio Siza, genio de la arquitectura de dimensión internacional, todo apunta a que tal proyecto acabará en el olvido. De hecho, la Junta de Extremadura ya renunció a aprobar un Proyecto de Interés Regional (PIR), según anunció el consejero de Fomento, José Luis Quintana, en julio de 2007. Tan sólo dejó la puerta abierta a que cualquier iniciativa urbanizadora de esos terrenos se incluyera en el nuevo Plan General Municipal (PGM). Pero tal posibilidad se presenta casi imposible toda vez que la propia Junta de Extremadura ha considerado que al PGM cacereño le sobran muchas viviendas, que está sobredimensionado y que es necesario recortar.

Así, parece difícil que el Ayuntamiento se disponga a recortar viviendas del PGM, por un lado, y a incluir en el mismo otro paquete importante de pisos, los 3.500 previstos en la propuesta de urbanización de la cantera, que fue impulsada en el año 2006 por la Agencia de la Vivienda que presidía Javier Corominas. El proyecto, que incluía un gran auditorio al aire libre sobre el hueco abierto por la propia cantera, originó recelos municipales ya que el Ayuntamiento no quería que el Gobierno regional, a través de los PIR, le diseñara la ciudad al margen del Plan de Urbanismo. En todo caso, el objetivo de Corominas era acabar también con el obstáculo que supone la existencia de una cantera para el crecimiento urbanístico. Con el PIR se solucionaba de un plumazo ese problema y la empresa podía obtener compensaciones para buscar otro asentamiento en otro lugar.

La oposición al PIR llegó a tal punto que el Ayuntamiento aprobó en un Pleno de febrero de 2007 con los votos del PP y de IU, el compromiso de ir a los tribunales para impedir la aprobación la construcción de pisos en esos terrenos de falda de la Montaña. Tan sólo se mostraba dispuesto a acometer el proyecto de gran auditorio como dotación cultural, pero sin viviendas, y se apuntaba la posibilidad de negociar con los propietarios una compensación por la entrega de sus terrenos al municipio, mediante derechos de edificación en otras zonas de expansión de la ciudad fijadas en el nuevo Plan de Urbanismo. Sin embargo, ahora se aleja la posibilidad de negociación con los propietarios ya que el Ayuntamiento esgrime las resoluciones judiciales que avalan la ilegalidad de esa actividad industrial y, además, el convencimiento de que parte del terreno (de 50 hectáreas) es del municipio y que ha sido invadido también ilegalmente.

La reclamación del terreno se remonta, en realidad, a abril de 2005, con el anterior Gobierno municipal, que aprobó iniciar las acciones judiciales necesarias para recuperar El Tinajón, a pesar de que la empresa Olleta defendió siempre no sólo la legalidad de su propiedad sino también la legalidad del funcionamiento de la explotación.

Ahora, el nuevo Gobierno dará el paso definitivo para recuperar el terreno e incluso pedir daños y perjuicios por haber sido utilizado en beneficio de una empresa privada. Al mismo tiempo cuenta con el aval de la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la ausencia de licencia de municipal, a pesar de llevar funcionando como tal cantera desde el año 1986 como continuación de una actividad iniciada en 1975 por el padre de los actuales empresarios. Todo el litigio por la licencia se remonta al año 2003, cuando el Ayuntamiento ordena el cierre de la explotación y la empresa recurre judicialmente. En principio, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló la orden de cierre, aunque reconoció que la cantera carecía de la licencia municipal solicitada en 1990. El tribunal reprochó al Ayuntamiento su demora para intentar reponer la legalidad con más de una década de retraso. Después el Supremo daría el definitivo revés para la empresa y el Consistorio ahora da un paso más y reclama incluso parte de las 50 hectáreas del terreno.