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La esperanza de encontrar a los autores de algunos crímenes cometidos en la provincia en los últimos años no está del todo perdida. La ley orgánica de creación de un fichero unificado de perfiles genéticos, una de las recomendaciones de la comisión de investigación del 11-M, entró en vigor el pasado día 9. Los especialistas del Ministerio del Interior están convencidos de que les servirá para aclarar entre 4.000 y 5.000 crímenes al año, la mitad de ellos violaciones. Delitos que hasta ahora estaban sin resolver por la imposibilidad de comparar los restos encontrados en las escenas de los crímenes con perfiles extraídos de sospechosos. Con el nuevo reglamento se produce la fusión de los hasta ahora dispersos archivos de la Guardia Civil y de la Policía sobre delitos, personas desaparecidas y cadáveres sin identidad (programas Fénix y Humanitas).

En la provincia al menos siete homicidios siguen envueltos en el misterio, sin que los investigadores hayan logrado descubrir quien o quienes están detrás. Al menos uno de esos crímenes hubiera ya prescrito de no haber sido reactivado para la práctica de pruebas de ADN.

Ocurrió en 1985 y la víctima fue un joven estudiante cuyo cuerpo, cosido a puñaladas, apareció en el parque infantil de Badajoz. El cabello encontrado en la uña del cadáver pudo haber conducido a la localización del autor, ya que coincidía casi en su totalidad con el del principal sospechoso. El análisis biológico no pudo, sin embargo, llevarse a cabo porque el pelo, prueba esencial, se extravió.

Con todo, los procedimientos y trámites llevados a cabo impidieron que ese asunto estuviera hoy archivado. "Oficialmente no está cerrado, pero sigue sin avanzar", reconoce Leopoldo López Cacenave, abogado de la acusación. La situación sería muy distinta de no haberse producido la pérdida de una prueba tan fundamental.

A pesar del contratiempo, el letrado no pierde la esperanza de que las investigaciones esclarezcan el crimen. Con los avanzados medios de que dispone hoy la Policía, el análisis genético del cabello conduciría a la identificación del autor.

Las pruebas de ADN fueron determinantes para descubrir al hombre que acabó con la vida de un empresario de fruta en una nave del polígono industrial "El Nevero" el 15 de febrero de 1999. Restos de piel encontrados en el mono utilizado por uno de los asaltantes sirvieron como la punta del hilo que condujo a la detención de Víctor Peco Mazuelas y Andrés Romero Remedios.

La muestras epiteliales fueron extraídas del cuello y la bocamanga de la prenda utilizada por el segundo de los citados en el asalto. El análisis genético fue la principal prueba de cargo contra los delincuentes, aunque sólo correspondía a Andrés Romero.

Esta fue una de las primeras ocasiones en las que se logró un perfil genético en una investigación policial llevada a cabo en el mundo occidental. La Policía científica de la Jefatura Superior se anotó con este caso un importante éxito.

Las pruebas llevadas a cabo hicieron posible que los peligrosos atracadores pudieron ser llevados ante la justicia. Un jurado popular los consideró culpables del asesinato de Manuel Ruiz Baras y fueron condenados a penas superiores a 30 años.

Que algunos casos se atasquen por falta de nuevas pruebas o evidencias no significa que se haya dado carpetazo y los crímenes estén olvidados. Los investigadores son pacientes y nunca dejan de indagar. "Mientras el juez no decida el archivo se sigue trabajando sobre el caso", señalaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

La prescripción de los delitos depende de la pena que corresponda. Según establece el Código Penal, aquellos delitos que conlleven prisión de 15 o más años prescribirán a los 20 años. "La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción", señala el artículo 132.2 del C.P.

No sería la primera vez que, al cabo de los años, se descubre un rastro que conduce hasta la mano asesina. Los criminales no podrán dormir tranquilos hasta que se den por prescritos los hechos.

Policía y Guardia Civil siguen tratando de desenredar la madeja en casos como el ocurrido en la localidad de Cristina, donde una mujer fue asesinada a cuchilladas en el 2000. También siguen las pesquisas sobre las muertes violentas de dos jóvenes, uno de 29 y otro de 23 años, ocurridas en el 2001 y 2002 en Badajoz. Tampoco está olvidado el caso del empresario emeritense Manuel Delgado, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Aljucén siete meses después de que se diera por desaparecido. Como tampoco lo está el asesinato, en Fuente del Maestre, del vecino Francisco Guitiérrez, de 29 años, a finales del 2004.

En cualquier momento puede surgir una sorpresa que acabe con las incertidumbres. Nada satisfaría más a los familiares de las víctimas que ver a los autores entre las rejas. Esta posibilidad no está perdida porque los avances en materia genética permiten hoy ahondar hasta lo más profundo. La ciencia puede hacer realidad el título de un viejo programa radiofónico: "El criminal nunca gana".